Cultura de la legalidad

FORMACIÓN INICIAL PARA POLICÍA PREVENTIVO

CULTURA DE LA LEGALIDAD

1. El Estado de derecho y la cultura de la legalidad.

1.1. ¿Qué es el Estado de Derecho?

Derecho. La palabra castellana “derecho” deriva del vocablo latín “directus”, es el participio pasivo del verbo dirigir. Directu significa: dispuesto según lo recto. Derecho en sentido figurado, significa “lo que está conforme a la regla, a la ley, a la norma”. Derecho es lo que no se desvía a un lado ni a otro, lo que está recto, lo que se dirige sin oscilaciones a su propio fin. Todo mundo conviene en que “no hay derecho” para hacer ciertas cosas o para dejar de hacer otras; y en qué sí lo hay para exigir otras.

Así los doctos, como los que no lo son, están de acuerdo en que no hay “derecho” para matar o herir inocentes; para calumniar o difamar; para incendiar, o de otro modo destruir o dañar bienes ajenos; para secuestrar, plagiar o atentar de otro modo contra la libertad de los demás; para cometer violaciones, estupros y otros actos que atenten contra los derechos sexuales; todos convienen así mismo, en que no hay “derecho” para dejar que alguien muera de hambre, o ahogado, o por alguna otra causa similar, si en nuestra mano está evitarlo sin grave peligro de nuestra vida y por medios a nuestro alcance. Pues bien, el conjunto de normas es lo que se llama “derecho” en sentido objetivo. El poder o facultad sancionado por la ley, para exigir que otro nos dé, haga algo, o se abstenga de ciertos actos, constituye el “derecho” en sentido subjetivo. Es correlativa de ese poder o facultad, siempre una obligación a cargo de otro u otros.

Estado. La palabra Estado deriva del latín “statum” y para los fines de este estudio es la entidad política que preside los destinos colectivos de una sociedad y que ejerce por esta razón el poder legal. El Estado social y democrático de derecho es el caracterizado por la intervención de los poderes públicos en materias económicas y sociales y por la ampliación de derechos políticos individuales a esferas de ámbito colectivo y social. El Estado suele definirse como la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Tal definición revela que son tres los elementos de la organización estatal: la población, el territorio y el poder.

El territorio se define como la porción del espacio en que el Estado ejercita su poder. Siendo éste de naturaleza jurídica solo puede ejercitarse de acuerdo con normas, creadas o reconocidas por el propio Estado. El ámbito espacial de validez de tales normas es precisamente el territorio en sentido político.

La población. Los hombres que pertenecen a un Estado componen la población de éste. La población desempeña, desde el punto de vista jurídico, un papel doble. Puede, en efecto, ser considerada como objeto, súbditos, o como sujeto, ciudadanos de la actividad estatal. En cuanto súbditos, los hombres que integran la población hállense sometidos a la autoridad política y por tanto forman el objeto del ejercicio del poder; en cuanto ciudadanos, participan en la formación de la voluntad general y son, por ende, sujetos de la actividad del Estado.

El poder. Toda sociedad organizada a menester de una voluntad que la dirija. Esta voluntad constituye el poder del grupo. Si una organización ejerce un poder simple, los medios de que dispone para sancionar sus mandatos no son de tipo coactivo, sino meramente disciplinarios. El poder de dominación es en cambio irresistible. Los mandatos que expide tienen una pretensión
de validez absoluta, y pueden ser impuestos en forma violenta.

La soberanía. Para un gran número de autores, la soberanía es un atributo esencial del poder político. En efecto la soberanía es la autoridad suprema del pueblo.

Por tanto, la relación entre el Estado y el Derecho, Jean Dabin, sostiene que existe una íntima relación, pero no una identificación. Ambos se presuponen, pero no son lo mismo.

El Estado de Derecho
De la relación que existe entre el Estado y el Derecho resulta que el Estado se somete a las normas jurídicas que él mismo ha establecido, de tal manera que se sujeta al Derecho y al mismo tiempo, el Derecho es el instrumento por medio del cual el Estado logra su fin: el bien público, esto es lo que se ha llamado Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquél cuyo poder se encuentra determinado por preceptos legales, de tal modo que no puede exigir de sus miembros ninguna acción u omisión que no tenga su fundamento en la existencia de una norma jurídica preestablecida. La expresión de Estado de Derecho equivale a la de Estado Constitucional y con esta denominación es también conocido. Por eso el marco legal del sistema democrático de instituciones es la Constitución, que se convierte en la ley suprema de la sociedad, y esta supremacía solo puede ser legítima si expresa los principios fundamentales del Estado de Derecho.

De lo anterior se infiere que el Estado de Derecho es el conjunto de principios normativos einstituciones legales que promueven la certidumbre y la cooperación social, a los que se encuentran sujetos tanto el Estado como los Particulares en su interacción cotidiana.

Y el Estado de Derecho tiene como características:
a) Imperio de la ley: ley como expresión de voluntad general.
b) Separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
c) Legalidad del gobierno: su regulación por la ley y control judicial.
d) Derechos y libertades fundamentales: garantía jurídico-formal.

Existen cuatro criterios que conforman al estado de derecho:
1. Se establece en forma democrática. La Ley proporciona mecanismos formales a todos los ciudadanos para que participen en la elaboración y modificación de leyes, así como para que supervisen su justa ejecución. En una democracia, los ciudadanos tienen una serie de medios legales para participar en la creación y modificación de las leyes y en la supervisión de su implementación. Por ejemplo, los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir a nuevos congresistas y despedir a los anteriores. Los ciudadanos incluso pueden decidir ser candidatos para un puesto de elección popular y así influir en los cambios directamente. Algunos ciudadanos pueden crear asociaciones para cabildear al gobierno, hacer peticiones por escrito o enseñar a otros miembros de la comunidad sobre el tema. Otros pueden participar en reuniones públicas,hacer denuncias oficiales o asistir a las manifestaciones públicas.
 2. Protege los derechos individuales. Las leyes protegen y mantienen los derechos de cada individuo y también protegen a la sociedad. En una sociedad regida por el estado de derecho, todo individuo tiene derechos reconocidos por ley. En otras palabras, existen ciertos derechos inalienables que no se les pueden quitar, ni siquiera cuando una persona es arrestada o no es un ciudadano del país. Además, la Ley está ahí para proteger a los individuos de cualquier abuso cometido por otro individuo o grupo
social, independientemente de lo grande o poderoso que sea. Así como la ley protege los derechos individuales, también protege los intereses de la sociedad como un todo. Por ejemplo, la ley no permite que una pequeña minoría de infractores aterrorice al resto de la sociedad. Por lo tanto, una sociedad regida por el estado de derecho exige que el gobierno proteja los intereses de la sociedad sin comprometer los derechos individuales.
3. Se aplica. Las leyes se hacen cumplir y las violaciones son sancionadas a través de los procedimientos y castigos establecidos. Una sociedad con un estado de derecho ha establecido leyes y los procedimientos para su ejecución, para asegurarse de que se cumplan. Además, existen mecanismos para establecer la culpabilidad o inocencia, apelar decisiones incorrectas o injustas y asegurar que las leyes sean aplicadas sin distinciones. El ajusticiamiento colectivo, el hacer justicia con sus propias manos o la aplicación de penas sin un proceso justo constituyen una violación al estado de derecho.
4. Es uniforme. Las leyes se aplican por igual a todos, sin importar su situación económica, política o social o sus conexiones. En una sociedad con un estado de derecho, las leyes se aplican igual para todos, incluyendo alos ricos, a quienes están bien relacionados y a los funcionarios del gobierno. La amistad con policías o funcionarios del gobierno no ofrece una excepción a la Ley. Si existen excepciones, estas son limitadas, justificables y son explicadas con claridad en la Ley. Por ejemplo, hay determinados privilegios limitados que se les pueden negar a los niños, a quienes no son ciudadanos o a los criminales convictos. Sin embargo, ninguna excepción puede excluir a grupos minoritarios, para darles un trato distinto que a otros.

1.2. Leyes, reglas formales y reglas informales.

Leyes. Leyes creadas de forma democrática y aplicadas uniformemente para proteger los derechos individuales son la base del estado de derecho. En todos los países democráticos, las leyes formales son creadas por los congresistas. Las leyes buscan regir el comportamiento, reforzar los valores sociales y proteger a las personas. Ejemplos de esto son las Constituciones federales, los Códigos penales y los reglamentos policiales. Las leyes están por escrito y disponibles al público. Si no son acatadas, hay sanciones predeterminadas, como las multas o el arresto. Aun cuando alguien no esté de acuerdo con una ley o piense que una ley es injusta, está obligado a obedecerla. Sin embargo, en el estado de derecho hay mecanismos disponibles para cambiar y reformar las leyes que son injustas.

La ley es un precepto dictado por una autoridad competente. Este texto exige o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo: “La venta de cocaína está penada por la ley”, “La ley prohíbe que una misma persona vote dos veces en la misma elección”, “Un hombre de bien nunca actúa de manera contraria a la ley”. Bajo un régimen constitucional, la ley es una disposición aprobada por las Cortes y sancionadaspor el jefe del Estado. Aquellas acciones que violan la ley son penadas con distintos castigos según la naturaleza y la gravedad de la falta. Puede decirse que las leyes limitan el libre albedrío de los seres humanos que conviven en sociedad; funcionan como un control externo al cual se somete la conducta de las personas para asegurar que se cumplan una serie de normas que respondan a las necesidades de la comunidad. Si una persona considera que está bien realizar una acción que esté penada por la ley, lo normal es que se abstenga de hacerlo, dejando a un lado su creencia individual. La ley (como norma jurídica) debe cumplir con diversos principios, como la generalidad (comprende a todos los individuos), la obligatoriedad (es imperativa) y la permanencia (es dictada con carácter indefinido), entre otros. Pero el ser humano no se caracteriza por respetar a los demás seres vivos, sean o no de su especie, y ciertas leyes (o la ausencia de las mismas) suelen evidenciar esta triste realidad.

Reglas formales. Además de las leyes, el comportamiento también se regula por las reglas. Las reglas no tienen el mismo peso que las leyes, pero están establecidas formalmente, con frecuencia están por escrito y su violación acarrea sanciones específicas. Por ejemplo, los policías deben seguir ciertas reglas para realizar su trabajo, como usar chalecos antibalas mientras patrullan. Los estudiantes que asisten a la escuela de formación de policía deben obedecer el régimen interno de la escuela. Las violaciones a los procedimientos y las reglas no tienen como consecuencia multas o encarcelamientos, a diferencia de las violaciones a la Ley. Sin embargo, un policía puede ser removido de su cargo, suspendido sin pago o estar a prueba, por violar las reglas.  Las reglas pueden o no apoyar a las leyes. Por ejemplo, los procedimientos de la policía están diseñados para asegurar una mejor aplicación de las leyes; sin embargo, los grupos racistas o las pandillas pueden establecer reglas formales que sean contrarias a la Ley.

Reglas informales. Aun cuando no hay reglas formales y leyes, existen algunos medios que no están establecidos formalmente, para regular el comportamiento. Las costumbres, las normas y los valores sirven para dictar en general el comportamiento de las personas en determinadas situaciones. A menudo hay castigos por violar las costumbres y las normas, pero estos castigos casi nunca están por escrito. Por ejemplo, si existe la costumbre de cuidar a los ancianos, una familia que deja solos e indefensos a sus padres ancianos, podría ser vista mal por los vecinos o se hablaría mal de ella. Al igual que las reglas formales, algunas reglas informales apoyan a las leyes y otras no. Por ejemplo, una comunidad puede excluir a un comerciante que hace dinero a través de métodos corruptos. En contraste, un grupo de adolescentes puede excluir a un amigo que se rehúsa a hurtar en tiendas. Como se verá en los siguientes temas, en la policía también existen reglas informales y estas pueden o no mantener el estado de derecho. En algunas unidades de policía se espera que los policías actúen con profesionalismo todo el tiempo; sin embargo, en otras se espera que los policías se protejan unos a otros a pesar de que alguno de ellos haya violado la Ley.

1.3. ¿Qué es la cultura de la legalidad?

La expresión “Cultura de la Legalidad” ha aparecido recientemente, por lo que es preciso conocer el significado y el concepto de las acepciones Cultura y Legalidad. Cultura f. (lat. Cultura) Fig. Desarrollo intelectual o artístico: hombre de gran cultura. || Civilización: cultura clásica. || acción de cultivar las letras, ciencias, etc. Legalidad f. Calidad de legal: la legalidad de un acto || Conjunto de cosas prescritas por la ley: vivir en la legalidad. Legal adj. Conforme a la ley: emplear los medios legales para conseguir alguna cosa.

Cultura
La palabra Cultura tiene concepciones diversas como las siguientes:

  • Cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social.
  • Cultura, dice Bonfil, entendida como un plano general ordenador de la vida social que le da unidad, contexto y sentido a los quehaceres humanos y hace posible la producción, la reproducción y la transformación de las sociedades concretas.
  • Cultura, señala Recaséns Siches, es todo aquello que los miembros de una determinada sociedad concreta aprenden de sus predecesores y contemporáneos.

Más aún, el término cultura posee un significado filosófico, sociológico y sobre todo antropológico.

Filosófico, cultura es el conjunto de producciones específicas del hombre en tanto que ser dotado de poder de creación, que transforman tanto al propio ser humano como al entorno.
Sociológico, cultura es el conjunto de los conocimientos básicos necesarios a toda persona por el hecho de vivir en un momento histórico y en un medio social determinado.
Antropológico, cultura es el conjunto de los elementos materiales y espirituales (lengua, ciencias, técnicas, artes, instituciones, costumbres, usos, normas de comportamiento, etcétera) que caracterizan a una sociedad respecto de otras.

Legalidad
La palabra legalidad también tiene diversos conceptos:

  • Legalidad es el régimen político estatuido por la ley fundamental del Estado.
  • Legalidad es el derecho de toda persona, que se funda en la obligación que tienen las autoridades de ajustar sus actos a leyes, fundándolas y motivándolas.
  • Legalidad es la que establece que las autoridades no tienen más facultades que las que las leyes les otorgan, y que sus actos solo son válidos cuando se fundan en una norma legal y se ejecutan de acuerdo con lo que ella prescribe.

Sobre el tema de la legalidad, Norberto Bobbio, ha establecido que en el lenguaje político se entiende por legalidad un atributo y un requisito del poder, por el cual se dice que un poder es legal o actúa legalmente cuando se ejerce en el ámbito o de acuerdo con las leyes establecidas o de algún modo aceptadas. Continúa el autor, se puede sentenciar que la importancia del principio de legalidad radica en el hecho de que asegura los dos valores fundamentales en cuya realización consiste la función del derecho: la certeza y la igualdad.

Certeza, porque la producción del derecho mediante leyes, o sea, a través de normas generales y abstractas, permite prever las consecuencias de las propias acciones, es decir salva de la inseguridad del orden arbitrario.
Igualdad, porque la aplicación del derecho de acuerdo con la ley, garantiza el tratamiento igual de todos los que pertenecen a la categoría establecida por la ley y nos salva del peligro del tratamiento preferencial y odioso de tal o cual individuo, o de tal o cual grupo, como resultaría de un juicio caso por caso.

Cultura De La Legalidad
Como hemos observado y analizado las acepciones que integran el tema objeto del presente estudio es ya posible hablar con mayor propiedad de lo que se debe entender por Cultura de la Legalidad, en un estado como constitucionalmente lo es el Estado mexicano: un Estado Social y Democrático de Derecho. Y en concordancia con el sistema jurídico que fomenta la estabilidad política, económica y social, la Cultura de la Legalidad es el imperio de la ley, la observancia de la ley y el conocimiento de la ley.

1.4. La cultura de la legalidad.

Ya desde 1758 el Barón de Montesquieu ponía de relieve la fuerte interrelación entre la ley y la cultura en De L´Esprit des Lois. No obstante, si bien se reconoce que la cultura tendría que desempeñar un papel importante en la compresión y estudios comparativos en la investigación jurídica, los especialistas aún no se ponen de acuerdo sobre cómo definir y entender la cultura de la legalidad.
El término cultura de la legalidad tiene un amplio uso en la actualidad, tanto en las publicaciones académicas, como en las conversaciones cotidianas. No obstante, en opinión de la mayoría de los juristas, se ha generalizado el término menos afortunado para describir el fenómeno de la aproximación de las personas a la ley. La diseminación y arraigo del término sugiere que existe una necesidad de nombrar esta realidad, aunque su uso, en palabras de Nelken, “…no necesariamente lo provee de utilidad. Para empezar, se utiliza en una variedad de modos, con frecuencia inconsistentes y su popularidad puede mostrar más la carencia de un término mejor, que sus méritos intrínsecos”. El estudio de la cultura de la legalidad tendría que ser reformulado como “un intento de entender los propios intentos de los actores para describir, adscribir o producir coherencia legal en el curso de su toma de decisiones”.
El término cultura de la legalidad se introdujo a finales de los años sesenta por Lawrence Friedman como el equivalente del concepto de cultura política de Almond y Verba. Friedman define cultura jurídica como el conocimiento del público sobre el derecho, así como sus actitudes y patrones de comportamiento respecto del mismo. Así, por cultura de la legalidad se entiende básicamente “lo que las personas piensan acerca de la ley, los abogados y el sistema legal, lo que significa, las ideas, actitudes, opiniones y expectativas en referencia al sistema legal”. Friedman distingue la cultura de la legalidad interna, que se refiere al papel de los profesionales de la ley con respecto a la ley, de la cultura legal externa que se refiere a aquellos individuos o grupos que presionan para lograr cambios sociales a través de las leyes. Si bien se observa a la ley como causa de la “dinámica legal”, también se una para describir los resultados de tales causas, como la “cultura legal moderna” o bien “cultura legal latinoamericana”, etcétera.

Una aproximación de la definición de cultura de la legalidad procede, de manera obligada, a la revisión de las diferentes propuestas conceptuales, formuladas en la aún reducida producción bibliográfica. Por tanto, a continuación, se presentan algunas definiciones de cultura de la legalidad. En principio, Pedro Salazar define a la cultura de legalidad como “el conjunto de conocimientos, creencias, usos y costumbres, símbolos, etc., de los miembros de (una sociedad) […] en relación con los aspectos de la vida colectiva que tienen que ver con las normas jurídicas y su aplicación”. A su vez, Rodolfo Vázquez señala que cultura de la legalidad es “la aceptación voluntaria por parte de los actores jurídicos y de la ciudadanía de un conjunto de normas jurídicas generales, públicas y no retroactivas, que se consideran correctas para una adecuada convivencia social”. De acuerdo con Gerardo Laveaga, la cultura de la legalidad puede entenderse como “el conocimiento que un pueblo tiene de su derecho, así como los esfuerzos que hacen grupos y facciones –principalmente el gobierno– para difundir o no difundir tal conocimiento, las variables del proceso mediante el que un pueblo acata las normas que lo rigen, los efectos concretos que este ejercicio tiene en la sociedad civil y los límites a los que se circunscribe”. Para Marco Antonio Cortés, el concepto de cultura de la legalidad significa “las actitudes, creencias y valores de las personas, que tienen a la ley como foco de atención, tanto en el campo de las interacciones sociales como en el de las interacciones de los ciudadanos con el gobierno en sus distintos ámbitos”. Por su parte, José María Sauca define a la cultura de la legalidad como “un tipo de aproximación interdisciplinar al fenómeno jurídico, centrado en el estudio de las mentalidades sociales relativas a la normatividad y se caracteriza por adoptar una perspectiva empirista, pluralista y participativa sobre las condiciones generadoras de lealtad institucional”.

Luego de la revisión de los diversos elementos culturales, políticos y jurídicos, así como de algunas de las definiciones presentes en la literatura, se puede definir, de manera genérica, a la cultura de la legalidad como: la aceptación e interiorización, a partir de valores, conocimientos, símbolos, prácticas y expectativas, de un conjunto de normas jurídicas que generan confianza o no hacia las instituciones que las crean, ejecutan y garantizan. Si bien, la cultura de la legalidad puede ser entendida en su acepción más simple como “el imperio de la ley”, esta no es suficiente, toda vez que resulta limitada para comprender un fenómeno mucho más complejo que la llana infracción a la ley. Tampoco se refiere solamente al comportamiento político de los miembros de una colectividad y su adhesión o rechazo al conjunto de instituciones que la integran. La cultura de la legalidad es una condición indispensable de la democracia, ya que contribuye con el Estado democrático de derecho. De ahí que se reconozca un vínculo ineludible entre la aplicación y el cumplimiento de la ley con el respeto y la protección de los derechos humanos.

1.5. La cultura de la legalidad y su relación con la prevención del delito.

Con motivo de que prevalece un ambiente de inseguridad, impunidad, corrupción y criminalidad, es oportuno convocar, invitar, estimular a personas, familias, comunidades, instituciones, organismos y autoridades para participar en la Cultura de la Legalidad programa que deberá sustentarse en el diálogo, la tolerancia, la equidad, la pluralidad, la ética, la civilidad y el consenso, valores que son la base de la transformación de muchos paradigmas de pensamiento. Un programa similar al de la Cultura de la Legalidad en 1999 se implantó en cuatro colegios de la ciudad de Tijuana México, en los que se enseña a los estudiantes a ser buenos ciudadanos, a construir una sociedad que respeta la democracia y la dignidad humana. Con este programa se experimentó una reducción en el índice de criminalidad y hay indicios de la disminución en el ingreso de jóvenes a las pandillas y de cómo al narcotráfico se le ha dificultado el reclutamiento de los jóvenes. En esta tesitura el 7 de marzo del 2001 el Gobierno del Estado de Sinaloa firmó un convenio de colaboración para la formación ciudadana hacia una cultura de legalidad con el Gobierno de Baja California a través de la coordinación de participación social y formación ciudadana de la Secretaría de Educación Pública de ese Estado. Con este convenio, el Gobierno de Sinaloa se compromete a implantar un programa cuyo objetivo central será promover la Cultura de la Legalidad entre los jóvenes y niños.

El convenio plantea tres líneas de acción: explicar a los jóvenes educandos por qué es necesario desarrollar la Cultura de la Legalidad y mantener una conciencia, de describir la manera en que la delincuencia y la corrupción amenazan los valores y las instituciones sociales; e identificar medidas que promuevan los principios morales sociales y resistir los embates del crimen organizado. Para ello, se están formando instituciones más sólidas, más eficientes, más honestas, con capacidad de respuesta para que puedan poco a poco eliminar las inercias delincuenciales que solo perjudican y puedan servir cada una con mayor eficacia a la sociedad. Un estado de derecho sólido también depende de las acciones de la sociedad. Cuando la mayoría de las personas en una comunidad obedece las leyes y desaprueba a quienes comete infracciones, está fortaleciendo el estado de derecho. Pero cuando los miembros de una comunidad se niegan a denunciar ante la Policía a los infractores o aceptan los delitos como parte de la vida diaria (por ejemplo, al comprar objetos robados), están socavando el estado de derecho.

La cultura es un concepto complicado, pero una forma de entenderlo es pensar la cultura como la suma de todas las costumbres, normas, reglas informales y expectativas de una sociedad sobre la manera de comportarse en ella. En consecuencia, al igual que una regla informal puede fortalecer o perjudicar el estado de derecho, una cultura puede mantener o deteriorar el estado de derecho. La cultura de la legalidad existe cuando la mayoría de las reglas informales, normas y costumbres de la sociedad son acordes con el estado de derecho. Al igual que el estado de derecho, la cultura de la legalidad es un ideal difícil de alcanzar, sin embargo, vamos avanzando en ella y por la que vale la pena luchar.

La cultura de la legalidad se define como: La creencia compartida de que cada persona tiene la responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con un estado de derecho. La cultura de la legalidad existe cuando la mayoría de las personas respeta la Ley por convicción propia, el nivel más alto del razonamiento legal, analizado en la lección anterior. A continuación se enlistan los cuatro componentes de la cultura de la legalidad.

1. Se espera que la mayoría de las personas conozcan las leyes y sus derechos individuales. Es poco probable pensar que las personas conozcan más que un pequeño porcentaje de las leyes, pero el desconocimiento de las leyes no se considera una justificación aceptable. Además, existen los medios formales e informales para que las personas conozcan las leyes y sus derechos. En los medios formales se incluyen los programas escolares y las campañas de educación pública sobre las leyes. Los programas formales son importantes, pero requieren del apoyo de los medios informales; las familias, los vecinos y los policías deben sentir la responsabilidad de educar a los niños y a otros miembros de la comunidad.
Mientras las personas conozcan más las leyes, menos posibilidades hay de que las violen. Sin embargo, el solo hecho de conocer la Ley no asegura su cumplimiento. Es sabido por todos que es ilegal conducir a exceso de velocidad, pero las personas lo hacen. No obstante, cuando las personas conocen las leyes, es factible que acepten el hecho de que no conocer la ley no es lo mismo que ser inocente (o como se dicen algunos, ‘la ignorancia no es la inocencia’). Es posible que acepten la sanción correspondiente si son descubiertos en un acto ilícito, en lugar de intentar escapar mediante un soborno a los policías o a los funcionarios públicos. Cuando los programas escolares, las campañas, las organizaciones no lucrativas e incluso los vecinos o familiares se dan a la tarea de inculcar el respeto a las leyes, se fomenta una conciencia sobre su importancia.

2. La mayoría de las personas acepta la Ley y está dispuesta a acatarla. Aun cuando en determinada situación una ley se perciba como algo opuesto a los intereses individuales en el corto plazo, la mayoría de las personas reconoce que a la larga le conviene acatar la Ley. A pesar de que se piense que una ley sea injusta, las personas no van a violar u omitir la ley. En todo caso, tratarán de recurrir a los mecanismos legales para intentar cambiarla.
Si la mayoría de las personas está a favor de acatar la Ley, los policías tendrán que atender un menor número de infracciones y estarán menos presionados y temerosos de la comunidad. Si bien es cierto que la delincuencia existirá siempre, los policías podrán enfocarse en los delitos de alto impacto.

3. La mayoría de las personas rechaza el comportamiento ilegal. Las personas no sólo obedecen las leyes, sino que esperan que los demás, sin importar su posición en la sociedad, también lo hagan. Por ello, las personas están dispuestas a denunciar las acciones ilegales y a promover que las leyes se cumplan en su comunidad. Quebrantar la Ley no sólo representa el riesgo de enfrentar a la Policía, sino que implica sanciones sociales negativas por parte de otros miembros de la comunidad.
Cuando la mayoría de las personas rechaza el comportamiento ilegal, pueden ejercer presión social a otros para que también cumplan la Ley. Las comunidades tienen normas, costumbres y reglas informales sobre los comportamientos que son aceptables. Si una comunidad está abrumada por la propagación de la ilegalidad, con frecuencia se debe a que algunos segmentos de esa comunidad (por ejemplo, las pandillas) tienen normas que fomentan el comportamiento ilegal. Por otra parte, cuando las comunidades deciden combatir el delito, pueden aplicar normas que aíslen y marginen a los delincuentes y transgresores, reduciendo así su influencia y poder sobre la comunidad. Palermo, Sicilia, es un ejemplo de una comunidad que, habiendo aceptado la actividad delictiva, decidió rechazar de manera activa la delincuencia y la corrupción. Después de cientos de años del dominio de la mafia, cuando en 1990 los propietarios de negocios y otros ciudadanos se vieron abatidos por una ola de violencia provocada por la mafia en contra de figuras públicas, se dieron cuenta de que su silencio, su disponibilidad para ofrecer dinero a cambio de protección y la creencia de que la mafia era parte de la cultura siciliana sólo había ayudado a preservar a un grupo de delincuentes violentos y sin escrúpulos. Los ciudadanos comunes empezaron a rechazar a la mafia, a denunciar a los miembros conocidos de la mafia y a negarse a pagar por protección. Los ciudadanos manifestaron con claridad que sus valores, y los valores de Sicilia, eran distintos de los valores de la mafia. Declarar públicamente estos valores hizo que otros ciudadanos se pronunciaran y, más importante todavía, hizo que también cambiaran su comportamiento, por ejemplo, al negarse a comprar en los establecimientos de amigos de la mafia o de gente que la apoyaba. Antes de este cambio cultural en Sicilia, la mafia era demasiado fuerte para que la Policía pudiera combatirla por sí sola. Aun cuando los policías podían hacer arrestos y usar la fuerza, los ciudadanos tenían en sus casas medios a su disposición para desalentar los delitos que la Policía no podía. Las comunidades pueden hacer uso de la presión social para ayudar a instaurar el orden y que las leyes se acaten. Estas formas de presión pueden ser mucho más fuertes que el poder que los policías pueden ejercer por su cuenta.
El hecho de que la ciudadanía rechace activamente toda acción ilegal también es fundamental para mejorar la seguridad pública. En Bogotá, Colombia, el rechazo de las infracciones de tránsito por parte de la ciudadanía se tradujo en una reducción sustancial en el número de muertes por accidentes de tránsito. En la Comuna Trece de Medellín y en ciertas partes del Cauca, los ciudadanos han rechazado la violencia y han sacado a la guerrilla de su territorio. En Medellín y Cali, el rechazo de los carteles de la droga facilitó la persecución y enjuiciamiento de sus miembros.

4. La mayoría de las personas apoya a la Policía y el sistema de ordenamiento jurídico. Por lo general, las personas juzgan al sistema de ordenamiento jurídico con base en su percepción de la justicia en el proceso y no por el resultado. Se espera que el gobierno sea justo, rinda cuentas y proteja los derechos de los individuos. A cambio, las personas respetan a los policías que hacen cumplir la Ley y al gobierno, y respalda sus esfuerzos. Una comunidad participativa y confiada comparte información sobre la delincuencia con los policías, información que es esencial para realizar arrestos y prevenir futuros delitos. Además, los ciudadanos que se niegan a tolerar la delincuencia pueden organizarse en contra de ella, obligando a que el gobierno les proporcione los recursos y la organización necesarios para que los policías realicen su trabajo. Como resultado del aumento de la preocupación de los ciudadanos, existe una gran presión sobre los funcionarios para que atiendan el problema de la inseguridad. La presión política para atender la inseguridad ha repercutido en incrementos al presupuesto de seguridad pública, cambios constitucionales que permiten una mayor coordinación entre las secretarías encargadas de la seguridad pública y ordenamiento jurídico, cambios a la ley, mejor capacitación a los policías, entre otras reformas.
Muchos policías se sienten amenazados por los ciudadanos que se quejan de la inseguridad, a pesar de que estos dos grupos tienen muchas cosas en común. Los ciudadanos que están preocupados por la inseguridad deben y pueden ser muy buenos aliados de los policías, ya que pueden presionar a los funcionarios para que se les dé a los policías el apoyo político que necesitan para realizar mejor su trabajo.

La cultura de la legalidad es muy importante para el trabajo de la Policía. En una sociedad con una cultura de la legalidad, la mayoría de las personas regula su comportamiento y el de sus amigos y familiares. Los compañeros en un grupo pueden menospreciar a los que roban. Los empresarios pueden rehusarse a invitar a sus reuniones a empresarios corruptos. De esta manera, los delincuentes no sólo se convierten en un blanco de los policías sino también de otros sectores de la sociedad, como los líderes religiosos y otras personalidades respetables de la comunidad. A los criminales se les pierde el respeto por sus delitos en lugar de exaltárselos. El gobierno y los policías no pueden aplicar este tipo de sanciones sociales.

En las sociedades donde no existe la cultura de la legalidad, el trabajo de los policías resulta más difícil. Debido a que muchas personas violan la ley, es complicado hacer cumplir las leyes de manera consistente y justa. Por ejemplo, en los países en los que la corrupción se ha propagado y es frecuente, la aplicación de las leyes contra la corrupción implicaría arrestar a mucha gente. En las subculturas con una cultura de la legalidad débil, es probable que los jóvenes puedan pensar que es aceptable consumir drogas ilegales, pintar graffiti en los muros de los edificios o unirse a pandillas. Debido a que las violaciones a la Ley se consideran aceptables, o incluso positivas, se podrían propagar más.

Las sociedades sin una cultura de la legalidad también son más peligrosas para los policías que trabajan en ellas. Por ejemplo, cuando los miembros de la comunidad no proporcionan información a los policías. En el peor de los casos, los ciudadanos incluso pueden proteger a criminales peligrosos, como traficantes de drogas y asesinos. Ninguna sociedad puede lograr que todos sus miembros obedezcan la Ley. Siempre existirán individuos que se dediquen a la delincuencia y habrá grupos que exalten la violación a la Ley. Sin embargo, una cultura de la legalidad existe cuando el ciudadano promedio se mantiene dentro del estado de derecho y espera que otros también lo hagan. Esta cultura ayuda a ofrecer seguridad física, resguardo de las propiedades, orden, justicia, protección a los derechos de todos, así como un sentido de seguridad y justicia, sin necesidad de un estado policial. Las comunidades que tienen una cultura de la legalidad sólida pueden ayudar a los policías en su trabajo. Ni siquiera los policías más comprometidos y eficientes pueden mantener el estado de derecho por sí mismos. De hecho, la Policía y la comunidad son como las dos llantas de una bicicleta, si sólo se mueve una llanta y la otra no, la bicicleta no va a llegar muy lejos, pero si los policías y los ciudadanos colaboran juntos pueden mejorar drásticamente el estado de derecho en su comunidad.

¿Cómo puede la cultura de legalidad ayudar a elevar la efectividad de la Policía?
1. Los policías conocen las leyes y los procedimientos, así como los derechos individuales de los ciudadanos. Aunque se supone que la Policía conoce la Ley y los procedimientos, la persecución de los delincuentes fracasa muchas veces porque el policía desconocía o no siguió el procedimiento correcto para hacer el arresto, asegurar la escena del crimen o recoger evidencias. Por lo tanto, un mayor conocimiento de la Ley y los procedimientos sirve de estrategia para mejora la efectividad de la Policía.

2. Los policías aceptan y están dispuestos a acatar la Ley. También se supone que el policía encargado de hacer cumplir la Ley debe respetarla; sin embargo, algunos de ellos creen que están por encima de la Ley. Cuando la Policía no respeta la Ley, se pierde la confianza ciudadana y los individuos están menos dispuestos a confiar en la institución policial, lo cual reduce su eficiencia. Por otra parte, cuando la policía respeta la ley y sirve de ejemplo para la comunidad, entonces la ciudadanía está más dispuesta a confiar en ellos, lo cual aumenta su efectividad.

3. Los policías rechazan la conducta ilegal (hasta reportar a compañeros involucrados en actividades ilegales). Con frecuencia la Policía se queja de que la ciudadanía no reporta el delito ni se presenta como testigo. Sin embargo, muchos policías no están dispuestos a reportar la conducta impropia o ilegal de sus compañeros ni tomar acción para evitar tales acciones en el futuro. En estos casos, hay una mayor lealtad hacia el compañero de policía que hacia la comunidad o la Ley. Sin embargo, cuando se reporta y sanciona a un policía por su falta de compromiso con el estado de derecho se evitan actos impropios futuros (que de otra manera reducirían la efectividad de la Policía). Además, la ciudadanía queda tranquila al saber que la Policía toma muy en serio cualquier abuso de autoridad por parte de uno de sus miembros, lo cual se traduce en una mayor confianza y efectividad.

4. Los policías están dispuestos a trabajar con la comunidad y coordinar esfuerzos entre ellos para asegurar una mejor aplicación de la Ley. Cuando los mismos policías reconocen que no pueden ser efectivos por sí solos y buscan el apoyo ciudadano y de sus compañeros, se eleva su efectividad.

2. La policía y el estado de derecho.

2.1. La prevención eficiente del delito.

La manera como los policías realizan su trabajo es muy diferente en una sociedad con un estado de derecho y una sociedad en donde las leyes se utilizan para controlar a las personas. En una sociedad basada en el estado de derecho, tanto la Ley como la Policía protegen a los ciudadanos. Cuando los ciudadanos saben que están protegidos, respetan a los policías y los ven como pilar
de la comunidad. Puesto que un estado de derecho sólido es la base de la legitimidad de la Policía, es en el propio interés de los policías hacer valer el estado de derecho y fortalecerlo. Incluso en aquellas sociedades donde el estado de derecho es débil, los policías pueden fortalecerlo a través de sus acciones. Por ejemplo, Palermo, Italia; Bogotá, Colombia, y Hong Kong eran lugares con un estado de derecho débil, dominados por la criminalidad y la corrupción. Sin embargo, a través de los esfuerzos conjuntos entre la Policía y los ciudadanos se logró fortalecer de manera considerable el estado de derecho en estos tres países.

Para el presente tema utilizaremos el primer criterio del estado de derecho como ejemplo, y que servirá de base para poder desarrollar libremente los demás:
Primer criterio: La Ley provee mecanismos formales para que todos los ciudadanos participen en la creación y modificación de leyes, así como para supervisar su correcta aplicación.

Acciones específicas que respaldan el primer criterio

  • Proveer seguridad durante las elecciones.
  • Asegurarse de que los ciudadanos que desean votar tengan la confianza y la seguridad para hacerlo.
  • No ofrecer favores especiales a candidatos o partidos durante la etapa de campañas electorales.
  • Proteger el derecho legal de los manifestantes a expresar sus puntos de vista políticos.
  • Respetar el principio del voto secreto al no apoyar públicamente a algún candidato político.
  • Proporcionar a los ciudadanos la información que la Ley obliga a estar a la disposición del público. Dicha información incluye presentar las credenciales de policía.
  • Reconocer que los ciudadanos tienen el derecho de exigir protección policial efectiva y eficiente.

Acciones específicas que socavan el primer criterio

  • Acosar o intimidar a los votantes que asisten a las casillas o no permitir que ciertas personas voten.
  • Utilizar recursos de la Policía para proporcionar seguridad a una campaña política apoyada por el jefe de la institución policial.
  • Disolver y dispersar una manifestación legal.
  • Lastimar o causar daño a las personas que hagan uso de su derecho a la libertad de expresión.
  • Hacer campaña o expresar su apoyo a un candidato político, portando el uniforme.
  • Negar a los ciudadanos el acceso a información pública que tienen derecho a conocer. Por ejemplo, ocultar el nombre de un policía, su número de placa o número de patrulla. No permitir a los ciudadanos el acceso a información y estadísticas sobre la delincuencia.
  • Tratar a los ciudadanos como inferiores en vez de reconocer que los policías son servidores públicos empleados por los ciudadanos.

Como se muestra, hay muchas formas en que los policías pueden fortalecer o debilitar el estado de derecho. Los policías deberán de analizar con mayor detalle los distintos papeles que desempeñan para mantener el estado de derecho. En el estado de derecho, los policías deben: proteger los derechos ciudadanos; sustentar la Ley y nunca colocarse por encima de ella, y prevenir y combatir los delitos y las conductas ilícitas.

Fortalecer el estado de derecho incrementa la prevención eficiente del delito:
▪ Si los policías no fomentan y aplican la Ley, entonces la Ley perderá su significado y los ciudadanos no tendrán ningún incentivo para obedecerla.
▪ Si los policías maltratan a los ciudadanos o fallan en prevenir y atender violaciones a la Ley, entonces los ciudadanos no confiarán ni ayudarán a los policías.

2.2. La protección de los derechos de los ciudadanos.

En una sociedad con un estado de derecho, las leyes protegen y preservan los derechos de cada individuo. Como representantes de la Ley, los policías deben comprometerse a proteger los derechos de los ciudadanos en cada situación a la que se enfrenten. Los delincuentes violan los derechos de los individuos. Por ejemplo, un ciudadano tiene derecho al dinero que gana por su trabajo; si un ladrón le roba este dinero, está violando este derecho. Pero los derechos pueden ser violados también por el gobierno o por la Policía. Por ejemplo, si un funcionario del gobierno solicita un soborno por realizar su trabajo, él también está robando. Cuando un asesino mata a un ciudadano inocente y un policía mata a un sospechoso durante un interrogatorio, ambos cometen el mismo delito y violan el mismo derecho.

¿Cuáles son estos derechos que los policías deben proteger? Los derechos de cada ciudadano en están descritos en la Constitución de cada país. El gobierno (incluidos los policías) tiene la obligación de mantener estos derechos. Estas garantías están diseñadas para proteger a los individuos de los abusos cometidos por otros individuos, organizaciones y el gobierno.

La Constitución contiene varios artículos que se refieren al trabajo de los policías. Pero, por sí misma, la Constitución no son más que palabras impresas en papel. No tiene facultad para proteger a los ciudadanos sin la Policía y los tribunales. Por lo tanto, es importante que todos tomen en cuenta el papel que desempeñan para proteger estos derechos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), integrada por 191 países miembros, ha desarrollado un “Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”. El “Código de conducta” no es un documento legal como las Constituciones, pero ayuda a explicar la función de la Policía para proteger muchos de los derechos contenidos en las mismas.

En conjunto, la Constitución y el “Código de conducta” de la ONU proporcionan una base primordial para el trabajo de los policías. La Constitución describe los derechos que los policías deben defender. El “Código de conducta” describe cómo los policías deben hacer su trabajo para asegurar que están manteniendo estos derechos. Los ciudadanos pueden hacer varias cosas para proteger sus derechos de la delincuencia. Pueden cerrar sus puertas con llave, no caminar solos por las calles durante la noche y evitar traer en la bolsa mucho efectivo o tarjetas de crédito. Pero dependen de los policías para que las leyes se apliquen y se capture a los delincuentes. También dependen de los policías para que sus derechos no sean violados, incluso cuando estas violaciones ocurran como resultado de un intento de los policías por arrestar a un delincuente.

Prevenir de manera eficiente y responder al crimen al mismo tiempo que se protegen los derechos, es difícil, pero en extremo importante. Esta asignatura está diseñada para ayudar a que los estudiantes aprendan a caminar sobre esta delgada línea, de manera que puedan convertirse en policías eficientes y respetados. Sin el apoyo de los ciudadanos, los policías se darán cuenta que es imposible prevenir o atender eficientemente los delitos. A la larga, las violaciones a los derechos individuales reducen la eficiencia de los policías. A menudo, los policías no pretenden violar los derechos de los ciudadanos. De hecho, es posible que lo que tratan de hacer es proteger a los ciudadanos de los crímenes. Pero violar los derechos de cualquier ciudadano (incluso de alguien bajo arresto) es ilegal. Ese individuo sigue siendo un ciudadano. Cuando usted empieza por violar los derechos de alguien que usted “sabe” que es un delincuente, se vuelve más y más fácil violar los derechos de las otras personas que usted tiene que arrestar, aun si fueran inocentes. No siempre es fácil elegir la defensa de los derechos.

2.3. El cumplimiento de la ley.

Bajo el estado de derecho, las leyes se aplican y se sanciona a quienes no las obedecen, mediante procedimientos y castigos establecidos. Los policías tienen un papel importante en este proceso, ya que son quienes atienden inicialmente las violaciones a la Ley. La respuesta eficiente al crimen y a otras violaciones a la Ley es una medida inicial para determinar la eficiencia de la Policía. Se exige a los policías que apliquen la Ley de manera imparcial. La imparcialidad significa que la Ley se debe aplicar sin tomar en cuenta la raza, el género, la clase social, el poder político, la amistad o el nexo familiar.

Consecuencias positivas de la aplicación imparcial de la Ley:

  1. Es el primer paso para asegurar que los delincuentes sean enjuiciados.
  2. Disuade el crimen. Cuando las personas se dan cuenta de que los delitos son castigados, comienzan a percibir que el riesgo de ser atrapados es demasiado alto como para intentar cometer un crimen.
  3. Hace más segura a la comunidad y hay un mayor respeto por cumplir la Ley, al eliminar las causas que originan el desorden y los modelos de conducta negativos.
  4. Desarrolla la confianza entre los policías y los miembros de la comunidad que respetan la Ley. Cuando los ciudadanos se sienten seguros y protegidos de los delincuentes, tendrán más respeto por los policías y colaborarán con ellos.
  5. Ayuda a que los ciudadanos denuncien los delitos y proporcionen información, a medida en que tienen mayor confianza de que los policías están ahí para protegerlos y colaboran con ellos para que realicen su trabajo.
  6. Promover la cultura de la legalidad.

Desafortunadamente, se obtienen muy pocos beneficios cuando la Ley no es aplicada o no es aplicada imparcialmente.

Resultados negativos al no aplicar la Ley:

  1. Es probable que los delincuentes continúen cometiendo crímenes.
  2. En una comunidad, se percibe que los policías son injustos, si se hacen excepciones sin justificación al aplicar la Ley.
  3. Se alienta a que otros cometan actividades delictivas, cuando los delincuentes pueden actuar con impunidad.
  4. Se suscita un ambiente de conformismo entre la comunidad, e indiferencia frente a la Ley.

Dificultades para aplicar la Ley
Es probable que la mayoría de los policías estén de acuerdo en la importancia de aplicar la Ley con imparcialidad y que esta sea una de las razones por la que muchos de ellos decidieron convertirse en miembros de la Policía. Sin embargo, en la práctica, ¿todos los delincuentes son arrestados y se les impone una multa?, ¿Por qué no?

A veces, tiene sentido no levantar una infracción en los delitos menores. De hecho, se confía en que los policías utilizarán su buen juicio en muchas de las situaciones. Esto se conoce como saber aplicar el criterio (o la discrecionalidad policial), y se hablará al respecto más adelante en la asignatura. Por ejemplo, un policía puede dar prioridad para responder a una balacera en lugar de atender un delito menor de tránsito. De vez en cuando, un policía puede decidir que los futuros delitos se pueden prevenir mediante una advertencia, en lugar de una infracción. A veces, los policías fracasan en su obligación por aplicar la Ley cuando deberían hacerlo. Hay que recordar que los delincuentes existen en todas las formas y tamaños. Si un extraño comete un delito, puede ser fácil arrestarlo. Pero otros ofensores pueden ser conocidos, amigos, parientes o colegas. Tener una relación personal con alguien que viola la Ley, puede dificultar la objetividad y la imparcialidad. Es difícil tratar a un conocido de la misma forma en que se trata a un extraño, pero la imparcialidad es esencial para el trabajo de los policías. En el estado de derecho, la Ley se aplica por igual a todos.

Hay otras razones por las que la Ley no se aplica. Algunos delincuentes pueden estar conectados con poderosos cárteles de droga o bandas criminales. Perseguir a estos ofensores trae importantes riesgos personales. Por ello, algunos consideran que estos delincuentes son “intocables” y que no es prudente aprehenderlos. Sin embargo, al no capturar a estos sujetos se podría generar, en el futuro, problemas aún mayores. Estos delincuentes se podrían hacer más fuertes, cometer más crímenes y se convertirían en ejemplo para otros.

Estos ejemplos resaltan una importante habilidad de pensamiento crítico. Las personas pueden ser capaces de justificar las malas decisiones, pensando que sus acciones no importan, que sólo son una persona. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, los estudiantes se deben preguntar: “¿Qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo?” Si todos los policías ayudaran a sus contactos, amigos, familiares y conocidos a evadir problemas con la Ley, el estado de derecho se derrumbaría. La impunidad continuaría siendo la norma y nadie se sentiría protegido. Si todos los policías estuvieran dispuestos a liberar a los delincuentes por una buena suma de dinero, muchas leyes no se aplicarían y los delincuentes continuarían lastimando a otras personas.

En el estado de derecho, los policías tienen la obligación de aplicar la Ley y cuentan con la autoridad para imponer infracciones y hacer arrestos. Un policía aplica su criterio para decidir cómo hacer esto; idealmente, la Ley siempre debe aplicarse de forma consistente e imparcial. La aplicación imparcial de la Ley asegurará que la justicia se practique, el delito sea disuadido y que los policías sean respetados.

2.4. La atención a las necesidades de la ley.

La atención a las necesidades de la comunidad
Hasta este momento se han discutido varias acciones que la Policía puede tomar para fortalecer el estado de derecho y promover la cultura de legalidad. Además de servir de ejemplo, educar a la ciudadanía, aplicar la Ley imparcialmente y proteger los derechos individuales, también se espera que la Policía responda a las múltiples necesidades de la comunidad. Debido a que los policías son un recurso visible de la autoridad en la comunidad, con frecuencia los ciudadanos recurren a ellos para que atiendan una amplia gama de problemas. Estos problemas pueden estar directa o indirectamente relacionados con la seguridad pública. Por ejemplo, las comunidades pueden estar preocupadas por los graffiti, las fiestas ruidosas, los vehículos abandonados, la presencia de personas en estado de ebriedad en la vía pública, los conductores peligrosos y otras fuentes de desorden.

Los policías en muchas ocasiones se ven tentados a ignorar lo que consideran preocupaciones sin importancia o menores. Sin embargo, atender este tipo de necesidades en la comunidad es importante por dos razones. Primero, los problemas menores que podrían considerarse insignificantes, a menudo pueden crecer hasta convertirse en delitos graves. Segundo, los problemas de la comunidad son importantes para sus residentes. Al atender las preocupaciones de la comunidad, los policías desarrollan una buena relación con la comunidad y, a su vez, la comunidad está más dispuesta para confiar en la Policía, denunciar los delitos y apoyar el trabajo de los policías. Es probable que algunos problemas de la comunidad puedan resolverse con la inmediata intervención de los policías. Otros pueden ser problemas crónicos que requieren de una solución a largo plazo. Otros más pueden ser temas de seguridad importantes, pero fuera de la jurisdicción de la Policía. Esta lección trata primero los problemas inmediatos y luego pasa a los problemas crónicos y a los que van más allá de la responsabilidad de la institución policial.

En el ámbito policial, existe una teoría llamada “teoría de las ventanas rotas” que se puede resumir con el siguiente ejemplo: “Piense en un edificio que tiene algunas ventanas rotas. Si no se reparan las ventanas rotas, la tendencia será que los vándalos romperán algunas más. Con el tiempo, ellos allanarán el edificio”. En circunstancias normales, los policías no se preocuparían por tomar nota de una ventana rota o de pequeños problemas de desorden. Ellos tienen problemas más importantes que atender. Sin embargo, la teoría señala que, si la Policía atiende los problemas pequeños en el presente, puede prevenir delitos más graves en el futuro. En su trabajo, los ciudadanos enfrentarán numerosos delitos menores y problemas de desorden. Un desorden es un alboroto público o la alteración a la paz. Los delitos menores y los problemas de desorden pueden incluir alborotos, los graffiti, tirar basura en las calles, el consumo de drogas y la presencia de personas en estado de ebriedad en la vía pública. Responder a estas preocupaciones de la comunidad puede ser desafiante. Tal vez las respuestas no sean tan simples como arrestar a los delincuentes. Es probable que los policías tengan que recurrir a soluciones más creativas para atender esos problemas.

Los policías utilizan una variedad de técnicas para intervenir en distintas situaciones. Con la misma frecuencia que hará un arresto, un policía podrá pedir a las personas que se retiren a sus casas, interrumpir una pelea o solicitar a quienes se encuentren consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública que dejen de hacerlo. Para atender los delitos menores y los problemas de desorden, los policías necesitan pensar de manera crítica y creativa y considerar formas innovadoras para enfrentar el problema.

Los policías pueden recurrir a cualquiera de las siguientes soluciones para resolver los distintos tipos de delitos menores y problemas de desorden:
• Detener e interrogar a una persona.
• Revisar a una persona.
• Poner a una persona bajo custodia para investigarla.
• Poner a una persona bajo custodia (a una persona que trata de suicidarse).
• Emitir una orden de desistir (de hacer disturbios o de pelear).
• Emitir una orden de desalojo (a un cliente escandaloso).
• Emitir una orden de separación (como en una riña doméstica).
• Expedir una orden de movilización (a una muchedumbre o a trabajadoras sexuales de la calle).
• Emitir una orden de suspensión para una situación bajo investigación (el descubrimiento de un homicidio en una cantina).
• Hacer uso de la fuerza o amenazar con hacer uso de la fuerza.

Esta lista muestra que los policías tienen muchas opciones de dónde escoger, las cuales van más allá de hacer un arresto o levantar una infracción. Por desgracia, la mayoría de estas opciones no representa una solución a largo plazo para resolver problemas crónicos. Por ejemplo, al ordenar a un cliente que está haciendo escándalo en un bar a que se retire, no significa que no regresará. El cliente podría volver y continuar provocando disturbios en el bar. Es difícil encontrar respuestas ante las necesidades de la comunidad. Sin embargo, al analizar los problemas de desorden, los policías siempre deben tener en cuenta las consecuencias de sus acciones a largo plazo. Los policías deben preguntarse lo siguiente: “¿Cómo mis acciones pueden contribuir para asegurar que el trasgresor no cometa de nuevo la infracción?” “¿Cómo mis acciones pueden contribuir para asegurar que esas pequeñas infracciones no se conviertan en delitos más graves?” En otras palabras, ¿de qué manera los policías pueden atender no sólo el problema inmediato, sino también ayudar a prevenir que se repita en el futuro?

Desafortunadamente, muchas de las preocupaciones de la comunidad no son incidentes aislados. Con frecuencia se trata de problemas crónicos recurrentes, que preocupan a los miembros de la comunidad y los hacen sentir inseguros. Por ejemplo, una comunidad puede preocuparse por el incremento de los graffiti o la falta de alumbrado en las calles cuando oscurece. Los ciudadanos pueden preocuparse por el aumento en el consumo de drogas en los jóvenes, aun cuando los jóvenes no estén involucrados en actividades delictivas.

Un problema crónico ocurre cuando:
• Hay dos o más incidentes que son de naturaleza similares, capaces de provocar daño y que existe una expectativa pública de que la Policía haga algo al respecto.

Algunos de los problemas de la comunidad claramente son problemas de seguridad. Por ejemplo, la mayoría de los policías está de acuerdo en que la presencia de pandillas y el consumo de drogas entre los jóvenes representan una amenaza a la seguridad. Sin embargo, muchos policías no atienden estos problemas, porque requieren de soluciones a largo plazo y de la dirección de sus superiores. Otras preocupaciones de la comunidad no están relacionadas de manera estrecha con los delitos. Por ejemplo, algunos ciudadanos pueden estar preocupados por los vehículos abandonados, la basura amontonada, lámparas del alumbrado público rotas, los escándalos, etc. Estos problemas no necesariamente representan una actividad delictiva, pero en la mente de muchos ciudadanos requieren atención de la policía. Mientras los policías estén tentados a ignorar estas preocupaciones por considerarlas irrelevantes a la seguridad, de hecho, estos factores fomentan que ocurra un delito. Una lámpara rota no provoca un delito, pero cuando no hay alumbrado público es más fácil llevar a cabo una actividad delictiva.

Para considerar cómo se deben atender estos problemas, muchos policías utilizan el triángulo del problema, pues pide al policía que piense en: el trasgresor, la víctima y la ubicación, para atender cualquier problema crónico. La tendencia en la mayoría de los policías es pensar sólo en el trasgresor. Si hay pandillas en la calle, para muchos policías la solución al problema es atrapar a los pandilleros haciendo algo ilegal y arrestarlos. Sin embargo, las soluciones enfocadas al trasgresor no toman en cuenta la ubicación en donde ocurren los problemas ni las víctimas potenciales. Si se encuentran graffiti en lugares sin alumbrado público, la solución será hablar con el personal de Obras Públicas y asegurarse de que se reparen las lámparas.

Las víctimas potenciales y la comunidad en sí misma también deben involucrarse en la solución de los problemas de la comunidad. Por ejemplo, tal vez los miembros de una comunidad pueden estar preocupados por el tráfico en un cruce peligroso, pues puede representar un peligro para sus hijos, que se van caminando a la escuela. Si los policías descubren que el tráfico avanza dentro del límite de velocidad, no tienen un recurso legal para resolver el problema, pero pueden trabajar con la comunidad y con la escuela para que cada mañana un voluntario ayude a los niños a cruzar la calle. Este tipo de soluciones van más allá de la capacidad individual de los policías. En los ejemplos anteriores, las soluciones incluían al área de Obras Públicas, una escuela y los voluntarios de la comunidad. Aun cuando los policías estén encargados de proteger a los ciudadanos y proveer seguridad, encontrar soluciones a los problemas de la comunidad y prevenir los crímenes requiere del esfuerzo y cooperación de varios grupos.

2.5. El comportamiento dentro de la ley y la enseñanza a los ciudadanos.

La Ley otorga a los policías ciertos privilegios que otros ciudadanos no tienen. Se les permite llevar un uniforme especial, portar un arma, expedir infracciones y detener a la gente. Esta autoridad acarrea una enorme responsabilidad. Aunque la autoridad policial proviene de la Ley, los policías también están limitados por ella. Uno de los criterios del estado de derecho es que la Ley se aplica a todos por igual. Si los policías creen estar por encima de la Ley, no puede existir un estado de derecho. Tal como se ilustra en el ejemplo anterior, no todo el mundo está convencido de la Ley. La investigación ha demostrado que en muchos países la gente no está convencida, porque cree que la Ley existe para beneficiar a los que están en el poder y no a la gente común y corriente. Si los ciudadanos ven que la policía está por encima de la Ley, entonces esto refuerza su preocupación y puede inclusive llevarlos a descender por la pirámide del razonamiento legal. Sin embargo, si los policías tienen una conducta conforme a la Ley y demuestran profesionalismo, pueden ser un ejemplo positivo y motivador para el resto de la comunidad, lo que ayuda a hacer cumplir el estado de derecho.

Cada uno crece con modelos por seguir que respeta, admira e intenta imitar. Los modelos por seguir pueden ser héroes deportivos, hermanos mayores, padres o líderes locales y nacionales. Con frecuencia, los policías subestiman su posición como modelos de conducta. Se les olvida cuan poderosa pueden ser su imagen y sus acciones para influir en los niños y jóvenes. El uniforme, el equipo y los vehículos les envían un fuerte mensaje. Sin embargo, los policías no sólo son observados por niños y jóvenes. Los adultos de la comunidad ven a los policías como un marco de referencia sobre qué comportamiento es aceptable o no. Si los policías se sienten libres para ignorar las leyes de tráfico a su antojo o para tirar basura en las calles, será muy difícil convencer a los ciudadanos que no hagan lo mismo. Los policías están sujetos a cierto escrutinio, durante o fuera de sus horas de trabajo. Como ellos son los encargados del cumplimiento de la Ley, a los miembros de la Policía se les exige con mayor rigor que a un ciudadano normal. Los policías tienen la responsabilidad de dar el ejemplo de autoridad moral y liderazgo en la comunidad, mediante un comportamiento dentro de la Ley, las 24 horas del día. Incluso en situaciones difíciles, los policías están obligados a tomar decisiones adecuadas, que sean consistentes con la protección de los derechos y libertades constitucionales. Los policías deben mostrar profesionalismo a través de un comportamiento íntegro y la toma de decisiones pertinentes.

Pero el trabajo de los policías va más allá de ser un buen ejemplo. Los policías están en una posición que les permite enseñar a los ciudadanos acerca de las leyes. Si un policía ve que alguien está cometiendo un delito menor, es una buena oportunidad para enseñar a ese ciudadano. Aunque el policía no le levante una infracción por ese delito, debería aprovechar el encuentro para explicarle la Ley al ciudadano. Además, debe explicarle las consecuencias que acarrea violar la Ley, tanto para el ciudadano como para la sociedad en su conjunto. “El policía está más allá de ser un buen ejemplo. El policía no solamente debe conocer y promover las leyes…sino que debe enseñarlas a los ciudadanos y explicar las consecuencias que implica incumplirlas”.

La policía a menudo tiene programas formales para ayudar a enseñar a los ciudadanos sobre la ley y la prevención del delito. Por ejemplo, en Colombia, la Policía comunitaria con frecuencia sostiene charlas con los ciudadanos sobre protección personal (cómo evitar el secuestro o el robo, por ejemplo), o trabaja directamente con ellos a través de los Frentes de Seguridad. Los policías deben estar a favor de estos programas y reconocer su valor para ganar la confianza de los ciudadanos y prevenir los delitos. En resumen, los policías pueden promover una cultura de la legalidad a través de: conducirse como modelos de conducta, educar a quienes trasgreden la Ley y apoyar los programas formales de educación y prevención. Si un policía puede convencer a un ciudadano de actuar conforme a la Ley, entonces ha prevenido con éxito un comportamiento ilegal. Por consiguiente, los policías deben actuar como modelo de conducta y como educadores, no sólo por obligación moral sino porque este es un medio para prevenir el delito.

2.6. La policía bajo el estado de derecho.

Dejando ahora a un lado posibles consideraciones etimológicas e históricas en torno al concepto Policía, a los efectos que aquí se persiguen, puede entenderse por aquélla: la institución legalmente configurada y puesta a disposición de los poderes políticos, para hacer real la imperactividad del ordenamiento jurídico frente a los transgresores (potenciales o actuales) del mismo.  Esta institución se hace imprescindible para todos los Estados. Sin ella, difícilmente serla real la coactividad del Derecho. Acontece, sin embargo, precisamente porque la Polida aparece como instrumento o medio de los poderes del Estado, que queda marcada, en su ser y actuar, por la clase de Estado al que sirve. Es evidente, por ello, que la Policía ni es ni actúa de idéntica forma, en un Estado autoritario que en un Estado democrático o de Derecho. En el Estado autoritario tiende a configurarse y a operar al servicio de los intereses de los que detentan el poder, al margen de controles y garantías jurídico-reales. En el Estado de Derecho, la Policía ha de organizarse, equiparse y actuar de acuerdo con las exigencias y finalidades del Estado de Derecho, tanto en su misión preventiva como indagativa. En el Estado de Derecho, la Policía, por ello, ha de estar al servicio de los ciudadanos propiciando, en lo posible, el ejercicio de sus derechos fundamentales y restringiéndolos, cuando procediere, al mínimo imprescindible, y con las garantías legales establecidas. Quiere decirse, con ello, que, en un Estado de Derecho, la misión fundamental de la Policía, por la misma naturaleza de ese Estado, es salvaguardar los derechos y libertades públicas de los ciudadanos. Y que hasta los mismos recortes que se hayan de llevar a cabo, por inexcusable exigencia de la convivencia mima, han de considerarse como elementos integradores de la referida salvaguarda. La concepción de la Polida en un Estado de Derecho está lejos de ser la de carácter represivo, si no, más bien, la de índole tutelante, protectora. La misma actividad preventiva de delitos o de su indagación (policía ministerial) ha de orientarse en este sentido. Y, desde la perspectiva de su actividad directamente positiva, no podrá olvidar lo que le sugiere el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley (Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1979): “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas” (Art. 2).

El Estado, si no quiere resultar artificial en su función de organizar política y jurídicamente a la sociedad, ha de establecer, con ésta, relaciones dialógicas porque, en el universo humano, todo está destinado a tomar ese carácter. Estas consideraciones han sido tenidas en cuenta, sin duda, por el constituyente español del 78. De acuerdo con estas premisas, a la vista de sus características, claramente diferenciadas, el Estado se ausenta del centralismo, creando y garantizando el derecho a la autonomía de las nacionalidades. (Art. 2 de la CE). Por el reconocimiento de este último derecho, aquellas participan, en el grado y limitaciones previstas en la Carta Magna, de poder legislativo, judicial y ejecutivo propios, aunque enmarcados y practicables dentro de la soberanía del único Estado. En sintonía, además, con la formulación de que el poder soberano reside en el pueblo, la Constitución española, con el propósito de que el ejercicio de ese poder esté lo más cerca posible de aquél, prescribe el derecho de los municipios a su autonomía, aunque reduciéndola, en exclusiva, a su gobierno y administración, que quedan atribuidos a sus respectivos Ayuntamientos. Es evidente que esta triplicidad de ámbitos de poder (nacional, autónomo y local) tiene el correspondiente reflejo en aquellas instituciones que, como la Policía, son organismos destinados a asegurar, de forma material e inmediata (a través de la coacción física, si fuese menester) el cumplimiento del ordenamiento jurídico y de los actos emanados de la Autoridad cuando estuviesen conformes con el mismo. Por ello, en relación con los poderes del Estado, ejercidos en plano de toda la nación, existen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de carácter estrictamente nacional: Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. En relación con los ejercidos en el plano autonómico, han surgido los distintos Cuerpos de Policía (y los que puedan nacer) de las Comunidades Autónomas. En referencia al poder del Estado en el espacio municipal, se hallan las Policías Locales. Estamos, por ello, como es manifiesto, ante un modelo plural de Policía. ¿Qué quiere decir todo esto? Que, si se ha de buscar, como es obligado, una mínima eficacia y evitar, en lo posible, conflictos competenciales, es absolutamente necesario conseguir una armonización previa, orgánica y funcional, por vía de estricta limitación material y territorial de las competencias de cada uno de esos Cuerpos policiales. Que se impone, asimismo, el institucionalizar aquellos organismos (colectivos o personales) que hagan posible llevar a la práctica los principios de colaboración y coordinación sobre los que un tal modelo policial ha de actuar necesariamente.

En la vía preventiva, destinada fundamentalmente, como ya se ha dicho, a garantizar o restablecer el suficiente “clima” de seguridad ciudadana, la Policía habrá de actuar conforme a los principios de necesidad, oportunidad, congruencia y proporcionalidad y, por ello, utilizando los medios adecuados para poder satisfacer estos principios, imprescindibles para no restringir los derechos de los ciudadanos más allá de lo inevitable. Como dice la Declaración sobre la Policía del Consejo de Europa: “En el ejercicio de sus funciones, el funcionario de Policía debe actuar con toda la determinación necesaria, sin jamás recurrir a la fuerza más que lo razonable para cumplir la misión exigida o autorizada por la ley”. En la vía de indagación o investigación delictiva, la Policía ha de tener presente, siempre, que su actividad ha de estar orientada, en la parte que le afecta, por el principio de “presunción de inocencia” y que ésta sólo se rompe por la correspondiente actividad probatoria. La Policía puede incidir decisivamente, como punto de partida, en esta materia, si no olvida, en primer lugar, cuáles son los efectos jurídico-procesales de su intervención como policía de investigación.

3. Principios de la cultura de la legalidad.

3.1. Cultura nacional (México).

En un contexto de creencias y valores, los cuales se reflejan en tendencias profundamente arraigadas, la cultura nacional, según Gray (1995), se refiere a los valores de la mayoría de los miembros de un país o sociedad. La cultura nacional no es necesariamente una extensión de la cultura universal. La conformación de “modos de vida” que son exclusivos de regiones o pueblos, según Béjar (1979), y que dependiendo de su singularidad se “clasificarán de conformidad a factores predominantes”. El comportamiento de los habitantes de una nación es moldeado por los valores, creencias y tradiciones culturales que les son comunes y los cuales difieren de otras naciones-Estado. Pero esta cultura nacional, sostiene Béjar (1979) “no incluye a todos los mexicanos ni a todas las aspiraciones y formas de vida”.

La cultura nacional describe las creencias que son ampliamente compartidas por los miembros de una nación o Estado que resultan evidentes para diferenciarse en sus valores y actitudes respecto de otros. La cultura nacional es también la construcción de los mitos, muchos de los cuales surgen a la vida nacional a partir de su misma mistificación histórica. Florescano (1996) ha hecho una compilación de algunos de estos mitos mexicanos los cuales según los comentarios de González Torres (1996), en el capítulo titulado “La nación y sus mitos”, se agrupan “aquellos que han sido construidos con el material más broncíneo de la historia y cuyo usufructo principal pertenece a los poderes establecidos o en pos de establecerse” y por lo tanto, los mitos son conceptualizados como “aquellos sedimentos ideológicos en los que el poder y el contrapoder se apoya para ejercer, o busca ejercer, la dominación. Estos mitos confeccionan con la materia prima de la historia, una extensa fantasmagoría donde caben figuras contrahechas y concepciones paradójicas. Estas imágenes, protagonistas de un deformado santoral, exigen culto y se prolongan en ciertas formas de urbanidad política: conforman la liturgia cívica y, también, esa política real, marrullera y desencantada que se hace tras bambalinas.” Son los componentes de una cultura nacional, de acuerdo con Béjar (1979), “los generadores de las pautas culturales más generales y compartidas que se imponen y modelan la conducta individual caracterizándola.”

Las culturas nacionales son fenómenos muy complejos y profundamente enraizados, cuyos orígenes se localizan en una compleja madeja de factores ambientales y circunstancias históricas. Así conceptualizada, estamos de acuerdo con Ramos (1987) cuando sostiene que “Se tiene o se tendrá la cultura que determine la vocación de la raza, la fatalidad histórica”. En la obra Las Atlántidas de Ortega y Gasset (citado por Frost, 1972 y Béjar, 1979) describe que “la cultura es, dondequiera, una: el griego y el escita, el francés y el prusiano trabajan ciertamente en una obra común. Pero hay una forma de la cultura peculiar del sur de Europa, un modo mediterráneo de amar a Dios, de contar los cuentos, de andar por las calles, de mirar a las mujeres y de decir que dos y dos son cuatro.” Estos valores cambian lentamente y usualmente en respuesta a factores externos como el comercio y la inversión internacional, el cambio tecnológico, los levantamientos de guerra y la colonización (Gray:1995). Lo que algunos autores (Burak, 1990) denominan como el modelo general societario de cultura, quedaría comprendido en este nivel.

La cultura nacional es descrita por Latapi (1995) como ” el país que nos es común no es sólo la tierra que pisamos y el aire que respiramos, sino el espacio construido por los hombres a través del tiempo, fincado en la naturaleza y configurado por las instituciones y otros productos de la inteligencia y el esfuerzo de las generaciones anteriores; todo ello, lo material y lo espiritual, son objetos colectivos por origen y destino, y por tanto públicos”. Así concebida la cultura, Ramos (1987) expresa optimismo cuando afirma que “ese retorno a la tierra habrá de darnos la salud física y moral necesaria para recobrar la confianza en el porvenir…Sólo cuando de la cultura tradicional extraemos su esencia más sutil y la convertimos en “categorías” de nuestro espíritu, se puede hablar de una asimilación de la cultura “. Así, podemos hablar de que existe una cultura nacional mexicana, la cual ha estado sujeta a diferentes políticas por el Estado mexicano que oscilan desde la preocupación y responsabilidad por proteger la cultural nacional, apoyando la participación de todos los ciudadanos para hacer suyos ese patrimonio y disfrutar de sus beneficios. Para Béjar (1972) “con independencia de cualquier concepción teórica” que se tenga de la cultura mexicana, “no se caracteriza, no se manifiesta por determinada producción literaria, artística, filosófica o científica, sino por el propósito firme y decidido de incorporarse a las ventajas del desarrollo planificado en sus ámbitos cultural, científico y tecnológico del mundo actual y futuro”. El nacionalismo cultural que hizo prevalecer los valores de mexicanidad emergentes de la Revolución Mexicana, empezó a decaer a la mitad de este siglo, aparejados por un desnacionalización económica, política y social profunda, la cual luego desembocó en períodos de crisis recurrentes. Los inicios de la masificación y desvirtualización de nuestros valores culturales por una naciente televisión, coincidieron con la desnacionalización de nuestra cultura mexicana. Grandes problemas tienen que ser resueltos para afianzar nuestra identidad nacional. En la búsqueda de la integración y la unidad de la cultura nacional mexicana, por parte del Estado mexicano, éste ha caído en muchas ocasiones en grandes contradicciones debido a que cada vez más se acentúan las diferencias económico-sociales de los diferentes estratos que componen la sociedad mexicana. El expresidente mexicano Miguel de la Madrid (1996) destaca como una facultad del Estado importante “.la de orientar, promover, apoyar, y en su caso dirigir el sistema educativo nacional y conservar y promover la cultura como medios estratégicos de cuidar y fortalecer la identidad nacional, base de la subsistencia del propio Estado.”

La cultura nacional mexicana, que proporciona esa identidad nacional, puede lograr su integración, si se usan los vehículos adecuados de participación comunitaria. El mismo hecho de vivir en comunidad es ya un mero desafío para lograr equilibrios en las respuestas a los problemas económicos, sociales, políticos y culturales. Muchos especialistas están de acuerdo en que el Estado mexicano debe intervenir en los procesos de creación, formación y difusión de la cultura mexicana. Para otros, como Cosío Villegas, estos procesos tienen que darse a través de empresas culturales. Finalmente, otros autores afirman que la promoción cultural del Estado mexicano y la realizada por empresas culturales son complementarias y compatibles. México, país de muchos contrastes culturales, que motivaron a Lewis (1990) a sentenciar: “Desgraciadamente en muchas naciones subdesarrolladas la élite nativa educada posee por lo común un escaso conocimiento directo de la cultura de sus propios pobres”. Campos (1992) argumenta estas contradicciones existentes en los siguientes términos: “México sigue siendo muchos Méxicos. Esos muchos países se pueden resumir en uno tradicional y otro moderno, en uno rural y otro urbano, en uno donde pesa el pasado y otro que quiere volar ligero al futuro”. Algunas de las culturas indígenas en México han podido sobrevivir hasta nuestros días, otras han perecido y muchas otras han sido deformadas hasta hacerse irreconocibles. Así, la cultura mexicana de acuerdo a Béjar (1979), “no incluye a todos los mexicanos ni a todas las aspiraciones y formas de vida”. Al lado de un sector progresista, moderno, más identificado con las innovaciones tecnológicas, coexiste otro grupo de extracción campesina y con rasgos culturales más apegados a las tradiciones y costumbres que tienen su origen indígena. Este sector campesino, según Béjar (1979), fundamenta su hipótesis de que “las zonas campesinas con fuerte concentración indígena son en donde las tendencias conservadoras están más arraigadas.”

3.2. Cultura continental (América).

Comprende las expresiones formales e informales de los pueblos de América Latina, incluye tanto las expresiones culturales refinadas como literatura y arte, y los elementos de la cultura moderna y popular como la música, el arte folclórico y la danza. También elementos religiosos y sus costumbres. Las definiciones que constituyen a América Latina son variadas. Desde un punto de vista cultural, América Latina comprende aquellas partes del continente americano en las que prevalecen las influencias españolas, francesas o portuguesas: México, las Antillas, la mayoría de América Central y Sur América. También existe una importante presencia cultural latinoamericana en los Estados Unidos como en México (en California y el Sur Oeste, y en ciudades tales como Nueva York y Miami). La riqueza de la cultura latinoamericana es el producto de numerosas influencias, incluidas:
• Culturas precolombinas, particularmente importante en países como México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia y Honduras.
• Cultura colonial europea, a causa de la historia de colonización de la región por España, Portugal, y Francia. La influencia europea es especialmente importante en los estamentos más elevados de la cultura: la literatura, la pintura, y la música. Esta historia imperial dejó una marca indeleble de su influencia en muchos idiomas, que se hablan en América Central (incluido el Caribe), y América del Sur y Norte (México, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y numerosas partes de Estados Unidos).
• La inmigración de los siglos XIX y XX (desde Italia, Alemania y Este de Europa) transformó especialmente algunos países tales como Argentina, Uruguay, Brasil (particularmente las zonas del sureste y el sur), Chile y Venezuela.
• La inmigración de chinos, coreanos y japoneses influyó sobre la cultura de Brasil, Cuba, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana.
• La introducción de esclavos desde África, influyó sobre la danza y religión, especialmente en países como Brasil, Cuba, Colombia, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

En este sentido, tal vez sea más exacto referirse a una “cultura indígena-afro-latinoamericana.” En el continente Americano Existen muchos y muy variados pueblos los cuales poseen una curiosa mezcla de Costumbres. Se puede ver claramente que estas costumbres han sido influenciadas por la situación geográfica del sector en donde se constituyen los pueblos o comunidades. Una observación más profunda nos lleva a pensar también, que la mayor parte del folklore de todos estos pueblos, aparte de estar relacionado con el medio ambiente, se deriva del pasado anterior a la conquista. Es importante señalar que en América existían grandes comunidades, pueblos y me atrevería a decir Civilizaciones con muchas y muy ricas tradiciones. Dentro de este contexto se pueden mencionar la cultura Inca, la cual incluso, tuvo desarrollo científico. Por otra parte, están las costumbres y conocimientos aportados por los pueblos conquistadores de Europa, los que legaron costumbres y creencias entre las cuales esta como principal la Religión. Estas creencias tomaron una nueva forma al ser mezcladas con las que los Americanos poseían. Esto ocurrió casi en todo el territorio americano. Prueba de esto son las numerosas fiestas religiosas que se realizan en cada pueblo de estas tierras. Por otra parte, la experiencia recibida de parte de los aborígenes después de un proceso de conquista cuya característica principal fue la sangre de cientos de miles de nativos derramada en tantas batallas, produjo en este pueblo un ánimo de copia burlesca de la clase conquistadora. Este sentimiento se puede ver a través de las diferentes manifestaciones folklóricas, las que son a su vez variaciones (a veces graciosas) de las danzas, cantos, instrumentos, etc., del europeo.

3.3. Los valores en la sociedad.

Algunos elementos para el desarrollo humano y la formación de sociedades conscientes en el siglo XXI son los valores sociales. A partir de éstos se podrán lograr las siguientes ventajas: ciudadanos con actitudes y cualidades para la solución de problemas, crítica de los hechos, compromiso y participación con la sociedad, entre otras. Se consideran tres las formas en que los ciudadanos adoptan valores sociales: primero, valores heredados; segundo, valores desarrollados en educación formal; y tercero, valores desarrollados en educación no formal. La vinculación entre valores y educación radica en que los primeros representan la esencia humana, ya que posibilitan el reconocimiento de esfuerzos individuales y sociales depositados en las manifestaciones producidas; dicho reconocimiento es denominado conciencia del valor.
Respecto a la educación, ésta se considera como el medio para la transmisión y el intercambio de valores, así como por inducir la humanización de los individuos. Entre los valores y la educación, la actitud de los individuos será prioritaria ya que favorecerá que los sujetos realicen juicios de valor, para estimar la valía de las manifestaciones.
Otro factor posible a considerar para la formación de valores es el usufructo de las representaciones sociales, mismo proceso en el que están inmersos los valores y los intereses individuales. Elaborar una lista de valores sociales resultaría restrictivo, debido a la complejidad por representar aquellos aceptados socialmente; por tanto, es pertinente presentar los valores de sociedades letradas, que de acuerdo con el presente documento son los siguientes: educación, responsabilidad, sinceridad, diálogo, confianza, autoestima, creatividad, paz, amistad, respeto, justicia, cooperación, observación, compartición, identidad, crítica, autonomía, reflexión, entre otros.
Para lograr que los valores sociales anotados anteriormente impacten significativamente en la sociedad es requisito que los integrantes de la misma los interioricen a través de entornos formales y no formales. El nexo entre los valores sociales, los entornos y las manifestaciones culturales se articula para desarrollar tanto perspectivas informativas como contenidos educativos e impulsar la comprensión razonada por parte de los individuos.
En suma, se plantean dos posturas sobre valores sociales para este documento: primera, impulsar la formación en valores sociales como elementos para la toma de conciencia de los individuos y, así, que estimen las manifestaciones socioculturales con perspectivas informativas heredadas y desarrolladas educativamente; segunda, promover la valoración de las representaciones informativas por medio de valores patrimoniales, los cuales pueden ser difundidos en procesos educativos.

Gran parte de la problemática de violencia e inseguridad tiene que ver con la crisis de valores que vive nuestra sociedad, los referentes respecto a lo que está bien o mal son confusos, la sociedad ya no manda mensajes claros cuando alguien hace algo que no es correcto, parece que todo se vale y que es normal que haya un cierto número de asesinados cada día. El sentido moral Nos impulsa a decir ¡Ya basta! ¡No podemos seguir así! Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer algo, los padres de familia, el gobierno, la sociedad, los ciudadanos en general y ustedes que son o van a ser policías pueden hacer mucho para mejorar la situación. Si buscamos en un diccionario el significado de la palabra valor, encontramos lo siguiente: “Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer necesidades o proporcionar satisfacción o bienestar”. Todo aquello que queremos lograr, todo aquello que apreciamos, todo aquello que nos interesa, todo aquello que nos atrae, nos apasiona y despierta nuestro entusiasmo y admiración; lo queremos lograr, lo apreciamos, nos interesa, nos apasiona, nos entusiasma nos atrae y provoca nuestra admiración porque tiene valor para nosotros. Valor es aquello por lo que las cosas nos interesan, nos atraen y nos mueven a actuar.

Valor es aquello por lo que las cosas nos interesan, nos atraen y nos mueven a actuar.

Así, gastamos dinero en la medicina porque la salud es un valor para nosotros, asistimos a un concierto porque la música es un valor para nosotros, hacemos ejercicio porque el vigor y la buena apariencia son valores para nosotros, vamos de excursión porque la belleza del paisaje es un valor para nosotros, gastamos en libros y en educación porque el conocimiento es un valor para nosotros, visitamos a nuestros amigos enfermos porque la amistad es un valor para nosotros, gastamos en vestirnos a la moda porque el reconocimiento de los demás es un valor para nosotros, etc. De acuerdo con esta definición de valor, existen diferentes tipos de valores para satisfacer diversos tipos de necesidades. El ser humano es multidimensional y en las diferentes dimensiones tiene diferentes necesidades, recuerde: a la dimensión biológica, la necesidad de comer, dormir, descansar, hacer ejercicio; a la dimensión psociafectiva, tener una autoestima sana, sentir seguridad, dar y recibir amor; a la intelectual, conocer, entender, razonar deliberar, crear; a la social comunicarse, ser aceptado, pertenecer a diferentes grupos, organizaciones o comunidades; a la dimensión moral tomar decisiones, ejercer su libertad, lograr la autorregulación y la autonomía.

Los filósofos que han meditado sobre el valor consideran que las cosas son valiosas para nosotros porque satisfacen nuestras necesidades y nuestras aspiraciones o tendencias y así, han clasificado diferentes tipos de valores de acuerdo con las necesidades o tendencias humanas. Cada persona forma su propio sistema de valores, es decir, jerarquiza unos como más importantes que otros. El sistema de valores de una persona puede variar a lo largo de la vida o dependiendo de circunstancias concretas, es decir, a veces se pone un valor por encima de otro a través de un proceso de valoración donde se sopesan las razones, se distinguen las consecuencias, se realiza un juicio y se fundamenta una decisión. Esto lo hace de acuerdo a ciertos valores, normas o principios, considerando la situación particular en la que se encuentra.

No se ha de rechazar ningún valor, pero sí es conveniente distinguir la importancia relativa de cada uno de ellos para alcanzar la plenitud humana. De acuerdo con Scheler, hay valores superiores e inferiores según los siguientes criterios:
• Son preferibles los bienes duraderos a los pasajeros y cambiantes.
• Son preferibles los bienes que pueden ser poseídos por muchos a los que tienen que dividirse.
• Son preferibles los valores que son fines en sí mismos que los que se buscan como medio para lograr un fin.
• Son preferibles los bienes cuya realización produce una mayor satisfacción, una vivencia de cumplimiento.

Así, una de las características de los valores es que se jerarquizan, y existen diversos criterios para jerarquizar los valores.

Una manera de ordenar los valores es la siguiente:
Valores vitales: los que tienen que ver con la conservación de la vida y la salud de nuestro cuerpo, por ejemplo: salud, buena alimentación, ejercicio, manejo del estrés, etc.
Valores estéticos: los que tienen que ver con la belleza y la expresión artística en la música, la escultura, la pintura, etc. Por ejemplo: armonía, proporción, ritmo, elegancia, fuerza expresiva, originalidad, creatividad, etc.
Valores intelectuales: los que tienen que ver con la producción de los conocimientos humanísticos, científicos y técnicos, por ejemplo: verdad, certeza, coherencia lógica, profundidad, reflexión, honestidad intelectual, etc.
Valores técnicos/utilitarios: los que tienen que ver con la economía y la tecnología, por ejemplo: productividad, rentabilidad, eficiencia, eficacia, ganancias, riqueza, etc.
Valores morales: los que tienen que ver con la dignidad de la persona humana y la convivencia justa y armónica con los semejantes, por ejemplo: justicia, igualdad, libertad, solidaridad, honestidad, etc.
Valores trascendentales: Los que tienen que ver con el sentido último de la vida y que surgen de las cosmovisiones filosóficas y de las religiones, por ejemplo: la santidad, lo sagrado, la fe.

De acuerdo con estos criterios, los valores superiores son los valores morales y trascendentales y los valores inferiores son los valores vitales y técnicos.

Ámbitos de realización de los valores sociales
La familia
“El ser humano es un ser individual y social al mismo tiempo. Sólo a través de la relación personal con los otros es como se realiza un mundo humano. Cuando estamos en contacto personal con el otro, a quien hablamos, en quien confiamos, con quien colaboramos y por quien nos preocupamos es cuando se hace patente la dimensión social de la persona humana como un ser de relación. De esta forma, la persona vive en comunidad y en sociedad. La sociedad mayor se constituye con base en muchas entidades menores de las que la familia es la primera y básica forma de organización social”. La familia es la más simple de las formas de la sociedad humana. Idealmente es una comunidad de padres e hijos que tiene la finalidad de satisfacer las necesidades tanto materiales como psicoafectivas y espirituales de sus miembros, especialmente las de criar y educar a los hijos para que logren la autonomía. Para que la familia pueda efectivamente brindar protección, apoyo, sentido de pertenencia, seguridad a sus miembros, es preciso que existan relaciones de mutuo respeto y de amor entre sus miembros. Como señala Fernando Savater: “La educación familiar funciona por vía del ejemplo, no por sesiones discursivas de trabajo, y está apoyada por gestos, humores compartidos, hábitos del corazón”. El aprendizaje en la familia es el resultado de una identificación del niño con los modelos de los adultos con los que convive, por eso en la familia las cosas se aprenden de manera distinta a la de la escuela: la enseñanza se apoya más en el contagio y en la afectividad que en la racionalidad. Es en la familia donde se adquieren los valores y las primeras normas y principios de conducta moral, y por ello, la familia tiene la principal responsabilidad en la conformación de una sociedad ética. Una de las tareas fundamentales de la familia es la formación profunda de una actitud positiva respecto de la propia vida, el mundo y el sentido de la existencia. La experiencia vital positiva en la familia va formando en el ser humano pequeño la convicción intelectual y afectiva de que él es bien recibido y querido en este mundo, donde descubre buena voluntad y amor entre la gente, junto con carencias y dificultades que nunca justifican la opción a favor de la nada y de la muerte.

Se sabe que una familia funcional es uno de los factores más poderosos en la prevención del delito juvenil, mientras que una mayoría de los jóvenes delincuentes provienen de familias desarticuladas. La familia es una sociedad básica que a su vez forma parte de estructuras sociales más complejas tales como el barrio, la colonia, el poblado, el municipio, la ciudad, etc., hasta llegar a la Nación. La persona pertenece a la familia por haber nacido en ella, pero hay otros grupos a los que la persona se integra más o menos libremente para el logro de diferentes propósitos, económicos, sociales, culturales, recreativos, deportivos, profesionales y políticos. Un ejemplo particularmente importante de este tipo de grupos a los que pertenece la persona son la escuela y el grupo de trabajo. Las comunidades indígenas son un ejemplo de solidaridad y comunidad, un grupo de personas que tienen algo en común y se identifican. Grupos de pertenencia: la escuela y el grupo de trabajo Como dice el Contralmirante Redondo “En la escuela, a diferencia de la familia, nos encontramos con personas con otras costumbres y creencias, con otros estilos de vida y la aceptación de unos por otros no está garantizada. Tenemos que aprender a conocer y reconocer las diferencias, tenemos que construir el vínculo con los demás y conquistar su amistad”.

Sabemos que uno de los fines fundamentales de la escuela es la educación, que de acuerdo con el Mtro. González Morfín “consiste en la actualización consciente y libre de las capacidades del ser humano. Para ello es necesario que la educación se arraigue en los verdaderos valores y virtudes de la persona humana. La educación ha de enfrentar particularmente los falsos valores y modelos propuestos a veces por los medios, que reducen la realización humana al logro del poder y del dinero. Señala también el Contralmirante Redondo que “En la escuela se han de realizar particularmente los valores de respeto recíproco y tolerancia. También debe existir la autoridad racional, pues los maestros y directores, por el hecho de tener más conocimientos y experiencia, son responsables de guiar a niños y jóvenes hacia su desarrollo, pero sin recurrir al uso arbitrario e irracional de la autoridad. Uno de los valores más importantes que puede transmitir la escuela, es la capacidad de razonar por sí mismo, que se requiere para la crítica de los falsos valores y el crecimiento en el gobierno de sí. Esta capacidad se alcanza mediante la búsqueda del conocimiento y de la verdad. En el grupo u organización de trabajo, la persona ejerce su profesión y tiene la oportunidad de realizar una serie de valores relacionados con su actividad laboral, como son: la capacitación y actualización constante para dominar el campo de trabajo al que se dedica, la disposición de hacer siempre bien el trabajo, con sentido de responsabilidad, concentración, entrega, cuidado e inteligencia, el cumplimiento fiel de lo ofrecido y el sacrificio que requiere muchas veces la buena realización de un trabajo.

Nación, Patria y Estado
Como vimos antes, el ser humano pertenece a una familia y a otras identidades colectivas, como podría ser, por ejemplo, una determinada etnia. Mediante su pertenencia a estos grupos y a otros en los que participa libremente para lograr fines económicos, sociales, políticos, culturales y religiosos, la persona desarrolla sus capacidades y colabora en la realización de los demás. Dentro de estas diversas sociedades o grupos a los que pertenece la persona para la realización de sus fines, hay uno que contempla de manera muy amplia el conjunto de las necesidades y aspiraciones humanas, y dispone de los medios necesarios para facilitar su realización: el Estado.

Aunque en el lenguaje ordinario usamos indistintamente las palabras Estado y Gobierno, es posible hacer una distinción entre ellas: El Estado es un conjunto que incluye tanto al pueblo como al gobierno, mientras que el Gobierno es la parte del Estado encargado de conducir al pueblo a la realización del bien común integral. En el Estado podemos distinguir además dos elementos: el elemento humano, al que llamamos pueblo, nación o patria y el elemento físico, que es el territorio. El pueblo, “es una congregación o asociación de personas para la intercomunicación de bienes. En su sentido más cercano, el pueblo es una agrupación de familias que conviven en una localidad”. A veces nos referimos también al Estado con los nombres de Patria, País o Nación. Cada una de estas palabras hace referencia a diferentes aspectos del Estado.
• “País hace referencia sobre todo al área geográfica del Estado.
• Patria a la tierra de origen o tierra de los padres.
• Nación a la lengua y a la historia, mientras que Estado destaca más bien el aspecto jurídico y político”.

La finalidad del estado es el logro del Bien Común del pueblo, el cual está constituido por los bienes de los que todos pueden disponer para su mejor realización. Entre estos bienes se encuentran:
a) El ejercicio de los derechos humanos
b) La paz y la seguridad pública
c) El bienestar social
d) El desarrollo económico

Para lograr el bien común, que es su finalidad, el Estado dispone de autoridad para establecer leyes y utilizar la fuerza. En efecto, el Estado ejerce la soberanía en el territorio que le corresponde, la soberanía significa que tiene la autoridad suprema en ese territorio y que es el único al que le corresponde el uso legítimo de la fuerza.

3.4. La doble moral.

La moral constituye un conjunto de normas cuyo origen se remonta a las tradiciones y formas de relacionarse entre los seres humanos pero, a diferencia de la Ética, no hace una reflexión racional sobre estas normas y conductas. Por ejemplo, en ciertos pueblos, sus costumbres y, por lo tanto, su “Moral” consideran “buenos” ciertos actos como vender a las mujeres porque así lo han hecho desde la antigüedad. La diferencia en este caso es que la Moral no se pregunta si esa práctica es buena o mala, mientras que la Ética sí lo hace.

En este sentido, la doble moral es un criterio aplicado cuando a un individuo o institución se le acusa de ejercer una doble norma en el tratamiento dado a diferentes grupos de personas, es decir, que injustamente permiten más libertad de conducta a un sujeto que a otro. La doble moral es injusta porque viola el principio de justicia conocido como imparcialidad, el principio según el cual los mismos criterios se aplican a todas las personas sin parcialidad ni favoritismo. La doble moral viola este principio pues toma en cuenta a las personas según diferentes criterios. Aunque la doble moral, por lo general, es una práctica que se condena, en la práctica es muy común su empleo. Los esfuerzos para defender una situación en la que se alegue la existencia de una doble moral terminan negando que se esté aplicando, o bien se intenta acabar con la discusión dando una buena razón para el trato diferente. Por ejemplo, un hombre que condena el adulterio mientras mantiene a una amante y, además, juzga negativamente que su esposa llegue a tener también un amante o condena públicamente la infidelidad de otros.
Esta forma de tratamiento diferenciador podría catalogarse como una doble moral porque dos grupos sociales son sometidos a criterios morales diferentes. Por lo tanto, ante la acusación de un trato desigual, lo que se da es una justificación “adecuada” para el tratamiento diferente y no un empeño en eliminar el trato desigual propiamente dicho. Este mecanismo es muy común en los centros de poder, como las religiones y los gobiernos.
Un ejemplo tradicional en muchas sociedades es el caso del adulterio, cuando este es aceptado para un esposo y negado a una esposa que desee tener un amante, habiendo una discriminación sexista de por medio. Del mismo modo, un hombre que tiene relaciones sexuales con muchas mujeres puede ser llamado “galán” o “don Juan” y ser calificado positivamente en un entorno machista, mientras que una mujer que tiene sexo con muchos hombres puede ser llamada prostituta”, “perra”, “puta”, etc., y es calificada negativamente. Lo mismo sucede con políticos que promueven y difunden una ideología política pero actúan en base a otra totalmente opuesta, llamándose en ese caso también como “doble discurso”.

4. Amenazas al estado de derecho y retos para la eficiencia de la policía.

4.1. El pensamiento crítico y la aplicación del criterio.

En muchas ocasiones, los policías atienden llamados en los que la situación, la Ley y el procedimiento policial adecuado son claros. Sin embargo, a menudo los policías se enfrentan a situaciones complejas e impredecibles. Por ello, a los policías se les concede mucha discrecionalidad para tomar decisiones con base en los hechos de la situación inmediata. La aplicación de criterio es la facultad para tomar decisiones con base en el juicio más adecuado. Esta facultad para saber aplicar el criterio implica una enorme responsabilidad y el ejercicio adecuado del criterio es la piedra angular del buen servicio policial. Si bien la facultad para aplicar el criterio permite a los policías la flexibilidad para realizar su trabajo, también les da la oportunidad de debilitar el estado de derecho.

Con el fin de aplicar el criterio de manera adecuada y tomar buenas decisiones, los policías necesitan valores sólidos. Pero, como se ha mostrado en las lecciones anteriores, los valores sólidos no siempre son suficientes. Para ayudar a asegurarse que los policías actúen en congruencia con sus valores, ellos también necesitan contar con habilidades de pensamiento crítico. El pensamiento crítico puede sonar muy técnico, pero las personas lo utilizan todos los días. Existen cuatro pasos muy simples.

Los cuatro pasos del pensamiento crítico
1. Tener presentes las leyes y procedimientos relevantes.
2. Considerar las opciones.
3. Identificar las consecuencias a corto y largo plazo de cada opción.
4. Ponderar las consecuencias de cada opción y elegir la mejor.

Estos cuatro pasos podrían parecer muy sencillos en el salón de clases, pero puede ser muy difícil aplicarlos en el trabajo. La siguiente reflexión examinará cada paso.

1. Tener presentes las regulaciones, las leyes y los procedimientos más importantes. En cualquier situación, los servidores públicos deben comenzar a tener presentes las leyes y los procedimientos más relevantes. Como los policías son responsables de aplicar las leyes, también están limitados por ellas. Los procedimientos de la Policía se hicieron para mantener la Ley y asegurarse de que las acciones de los policías sean consistentes y justas. Es esencial que los estudiantes tengan los conocimientos necesarios sobre las leyes y los procedimientos para que cuando se les pida que tomen una decisión, puedan elegir una respuesta que sea legal.
2. Considerar las opciones. Cuando se tienen que enfrentar decisiones difíciles, las personas a menudo olvidan algunas de sus opciones. Debido a que los policías juegan diversos papeles, deben aprender a pensar de manera creativa en opciones que les permitan mantener el estado de derecho y, al mismo tiempo, proteger los derechos individuales. Cuando sea importante, los policías deben considerar de qué manera sus acciones contribuyen positivamente a la prevención de los delitos y a la atención de las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, considere el caso hipotético en la que un vendedor de drogas ofrece dinero a un policía y a su compañero para que lo dejen libre. En esta situación, el compañero tiene dificultades financieras y quiere aceptar el dinero. Las opciones obvias son:

a) Rechazar el dinero y arrestar al vendedor de drogas.
b) Aceptar el dinero y dejar ir al vendedor de drogas.

Pero, como ya se discutió en la lección, hay otras opciones. Si usted tiene que enfrentar este dilema, podría:

c) Hacer una broma, como si no tomara en serio el ofrecimiento de su compañero. De esta forma, su compañero no se sentirá comprometido o amenazado cuando usted arreste al vendedor de drogas.

d) Rechazar el dinero y arrestar al vendedor de drogas. Después, hablar con su compañero para pensar en alternativas para conseguir el dinero. Usted podría apoyarlo con su propio dinero, hacer una colecta en la institución o solicitar a sus superiores una ayuda solidaria.

Es posible que en la clase se puedan pensar en muchas otras opciones. Aumentar la lista de opciones para elegir, probablemente sea la parte más importante del pensamiento crítico. Con frecuencia, un policía sabrá qué es hacer lo correcto, pero hacerlo puede ser difícil. La creatividad, el profesionalismo e incluso el buen humor son herramientas importantes para aumentar las opciones y encontrar una solución satisfactoria ante un dilema. Una de las razones para examinar escenarios de policía difíciles, es ayudarlos a acostumbrarse a pensar de manera creativa sobre las distintas opciones que se tienen para enfrentar situaciones difíciles.
3. Identificar las consecuencias a corto y largo plazos de cada opción. Pensar en las consecuencias a corto plazo por lo general es más fácil. Al hacerlo, a menudo es útil pensar en los efectos inmediatos que sufrirán las distintas personas involucradas en la situación. En el escenario anterior, la situación involucra a un policía, a su compañero y al supuesto vendedor de drogas. También es útil pensar en las consecuencias negativas y positivas. Por ejemplo, ¿qué sucede si el policía rechaza el dinero y arresta al vendedor de drogas? Por el lado positivo, el supuesto vendedor de drogas tendrá que enfrentar un juicio y el policía sabrá que hizo bien su trabajo. Por el lado negativo, el compañero se sentirá decepcionado del policía y podría pedir que le asignen otro compañero. Pensar en las consecuencias de las acciones a largo plazo puede ser más difícil, ya que se debe pensar más allá del futuro inmediato y de los individuos involucrados de forma inmediata. Por ejemplo, la actividad del efecto de onda es una buena herramienta de pensamiento crítico para identificar los impactos más allá de las acciones a corto plazo. Mediante la actividad, se pueden ver cómo las acciones tienen un efecto de onda en los individuos, en la Policía como institución e incluso a la sociedad en su conjunto. Puede resultar difícil pensar en todas las consecuencias a largo plazo, pero al practicar constantemente será más sencillo aplicarlo al trabajo. Siguiendo con el ejemplo, si el policía sólo piensa en las consecuencias inmediatas a corto plazo, podría sentirse tentado a aceptar el dinero. Podría decidir que la aprobación de su compañero es más importante que respetar la Ley. Sin embargo, ponga a consideración sólo cuatro de las consecuencias a largo plazo al dejar ir al vendedor de drogas:

a) El vendedor de drogas seguirá en las calles. Sus actividades de venta podrían inducir a más jóvenes a las drogas y dañarlos físicamente.
b) El vendedor de drogas podría alardear con sus amigos que evitó el arresto mediante un soborno. Otros podrían creer que también pueden quebrantar la Ley impunemente.
c) Tanto el vendedor de drogas como el compañero podrían “echarle tierra” al policía. El policía habrá quebrantado la Ley y en el futuro, tanto su compañero como el vendedor de drogas, podrían usar esa información en su contra.
d) El compañero utiliza el dinero que necesita para ayudar a su hija y se siente muy agradecido. Por ello, el policía podría sentirse tentado de violar la Ley otra vez, para ayudar a alguien más o incluso a sí mismo. Una vez que un policía ha cruzado la línea, no parece tan difícil hacerlo de nuevo. En poco tiempo, podría convertirse en alguien que viola la Ley con frecuencia.

Cuando se consideran las consecuencias a largo plazo, no sólo es correcto para el policía respetar la Ley, sino que es mejor para la sociedad, para la institución policial y para el policía mismo. Por eso, es de vital importancia que los policías aprendan a considerar las consecuencias a corto y a largo plazos de sus acciones.
4. Ponderar las consecuencias de cada opción y elegir la mejor opción. Elegir la mejor opción también representa un desafío. ¿Cómo se puede saber cuándo una serie de consecuencias es mejor que otra? A menudo parecerá que no existe una opción mejor. Aun al pensar creativamente, los policías tendrán que juzgar qué consecuencias son más importantes. En el ejemplo dado, el policía podría valorar realizar bien su trabajo y mantener el estado de derecho, aunque también podría valorar la amistad de su compañero y tener compasión por la hija de su compañero. Sin embargo, cuando los valores profesionales y los valores personales entran en conflicto, los policías deben tomar la decisión de valorar el estado de derecho y respetarlo.

En las calles, en muy pocas ocasiones los policías tienen la posibilidad de realizar un ejercicio de pensamiento crítico tan extenso. En parte, por ello, los policías pueden fracasar en considerar todas sus opciones y tomar en cuenta las consecuencias de sus acciones a largo plazo. El resultado son decisiones equivocadas que podrían perjudicar el estado de derecho y dañar la eficiencia de la policía. Los siguientes temas se introducen a los problemas potenciales, que van desde la corrupción hasta el abuso de autoridad. Las situaciones que se presentan pretenden ayudar a los policías a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, de manera que sean capaces de realizar juicios rápidos y acertados cuando estén trabajando en la calle.

4.2. El abuso de autoridad.

A los miembros de la Policía se les otorga mucha autoridad. Los policías tienen el poder de arrestar a las personas y ponerlas en la cárcel. Tienen el poder de levantar infracciones, impedir que la gente actúe de cierta forma, así como de buscar personas. Los ciudadanos son quienes les han otorgado este poder a los policías. Pero con el poder viene la responsabilidad. Los ciudadanos le han otorgado este poder a los policías para que protejan sus derechos, libertades y propiedades. No se debe abusar de este poder.

El abuso de autoridad es el uso inadecuado de los poderes de la Policía en perjuicio de los derechos de otros.

Para prevenir los abusos de autoridad, existen estrictas reglas sobre cómo el poder de la Policía debe ser usado. Estas reglas establecen cuándo y cómo se puede arrestar a un supuesto delincuente, así como el grado de fuerza que un policía puede utilizar. Sin embargo, en muchos casos los policías tienen que usar su propio criterio. Por lo general, los policías juzgan una situación y deciden cómo hacer uso de su autoridad. No obstante, en estos casos los ciudadanos tienen derecho a esperar que la autoridad de la Policía se utilice adecuadamente y con base en la legalidad.

Hay varias razones por las que un policía podría abusar de su autoridad. Algunas de ellas son personales. Pero ¿Qué motivación personal podría provocar que un policía abuse de su autoridad?

  • El poder personal. El poder que los policías ejercen les puede hacer creer que ellos están por encima de la Ley. Un policía podría abusar de su autoridad para demostrar a los ciudadanos que es más fuerte que ellos. Con frecuencia, lo que parece una muestra de poder en realidad señala inseguridad. Las personas que son débiles e inseguras tratan de sentirse más fuertes al denigrar, faltar al respeto e incluso dañar a otras personas. Las personas que son seguras, capaces y se sienten bien consigo mismas, se ganan su autoridad a través del respeto y no mediante la fuerza. Además, estos abusos debilitan la autoridad de la Policía y desarrollan una falta de respeto a la insignia.
  • La ganancia personal. Los policías podrían sentirse tentados de abusar de su autoridad para obtener alguna ganancia personal u obtener un favor de otros. Los ejemplos incluyen aceptar sobornos o permitir que personas poderosas cometan delitos leves (como estacionarse en lugares no permitidos).
  • El prejuicio personal. Los prejuicios personales pueden llevar a que los policías, sin darse cuenta, abusen de su autoridad. Los policías que tienen menos respeto por los que son más morenos, los que creen que todos los jóvenes son unos delincuentes o los que tienen resentimientos por los antecedentes culturales o económicos de una persona, no darán un trato equitativo a todos los ciudadanos. Ellos podrían arrestar más a menudo a personas de piel morena o a personas de ciertas zonas de la ciudad, a pesar de la falta de evidencias. Los prejuicios personales pueden desviar el trabajo de los policías, perjudicar la credibilidad en la Policía y reducir la eficiencia de la institución.
  • La presión de los compañeros. El deseo de un policía de adaptarse a sus compañeros, podría provocar que abuse de su autoridad. Por ejemplo, un policía podría sentir que será más respetado por sus compañeros si actúa rudo con los prisioneros y los sospechosos. Si sus compañeros están involucrados en la corrupción, un policía podría creer que para
    pertenecer al grupo él también debe participar en actividades de corrupción. De manera selectiva, los policías podrían aislar a un compañero que se niega a participar en los actos de corrupción o no se presta para encubrir sus actividades ilegales. Aun cuando un policía no desea abusar de su autoridad, puede resultarle muy difícil resistir la presión de sus compañeros.

Los abusos de autoridad pueden ser tan generalizados que los policías tal vez no puedan reconocerlos como tales. Por ejemplo, aceptar comida gratis del dueño de un restaurante puede verse sólo como aceptar un regalo de un amigo. Sin embargo, debido a que los policías se encuentran en una posición de poder, el dueño de ese restaurante podría esperar protección policial adicional a cambio. Reunir a todos los habitantes de un vecindario para encontrar a un delincuente podría verse como una labor policial eficiente, pero si esto viola los derechos individuales por no seguir los procedimientos adecuados, entonces constituye un abuso de autoridad.

Entre los abusos de autoridad más comunes se encuentran:

  • Aceptar favores que los dueños de restaurantes o de establecimientos comerciales no darían a otros clientes.
  • Aprovecharse de la autoridad para ganar dinero y otros favores tanto de los delincuentes como de los ciudadanos que respetan la Ley.
  • Hacer uso innecesario de la fuerza al ejercer sus funciones policiales legítimas, como golpear a un prisionero.
  • Tratar de forma ruda, irrespetuosa o degradante a los miembros de la comunidad.
  • Irrumpir de manera innecesaria en la vida de ciudadanos que no están acusados de algún delito.
  • Tener prejuicios en contra de una raza o un grupo religioso o económico, con la justificación de que se está cumpliendo con el deber.
  • Acosar a personas que no están haciendo nada sospechoso o ilegal.

El abuso de autoridad hace algo más que dañar el estado de derecho. Cuando los policías abusan de su autoridad en una situación normal, pierden su autoridad moral ante los ojos del público. Cuando los ciudadanos sienten que los policías sirven a sus propios intereses, en lugar de a la Ley y la comunidad, no apoyan a la Policía, no denuncian los delitos ni proporcionan información. Algunos ciudadanos pueden temer que se les maltrate y que no sean tratados con las mismas consideraciones que a otras personas. Algunos pueden temer que los policías los acosen o les hagan daño. Aunque algunos policías crean que el abuso de autoridad refuerza su poder, de hecho, provoca la pérdida de respeto en la comunidad, el respeto que necesitan para realizar su deber. El abuso de autoridad reduce la eficiencia de los policías.

4.3. La corrupción.

La corrupción es la actividad por la que se hace mal uso de la autoridad o no se cumple un deber a cambio de un beneficio personal. Los actos pueden ser cometidos por servidores públicos (policías o funcionarios) o por individuos (empresarios). En ambos casos, la corrupción impide de manera importante el desarrollo del estado de derecho y la cultura de la legalidad. La corrupción en la Policía ocurre cuando los policías incumplen con sus deberes oficiales, responsabilidad y confianza pública a cambio de dinero, bienes materiales, favores o un trato especial.

La corrupción en la Policía ocurre en diversos grados en cada país en el mundo. De acuerdo con un estudio, los policías implicados en la corrupción se dividen en dos tipos: herbívoros y carnívoros. Los herbívoros son los policías que no buscan de manera activa oportunidades para la corrupción, pero aceptan dinero y beneficios personales cuando se los ofrecen. Por otro lado, los carnívoros buscan de manera activa oportunidades para lucrarse y están involucrados en una corrupción más grave y difundida (por ejemplo, ejecuciones dirigidas, protección a traficantes de drogas, perjurio, etcétera).

Es difícil saber qué tipo de policía corrupto hace más daño. Los delitos sofisticados y profesionales de los carnívoros son más preocupantes. Sin embargo, aunque tengan un impacto menor en lo individual y sean más fáciles de erradicar, los herbívoros entran en contacto directo con un mayor número de ciudadanos. Las extorsiones menores, pero rutinarias, contribuyen a la percepción entre los ciudadanos de que la Policía está viciada y la corrupción arraigada. En ambos casos, los ciudadanos esperarán lo peor de los policías.

Existen muchos factores que favorecen la corrupción. Estos incluyen algunas motivaciones personales que ya se discutieron en la lección anterior, como el deseo de un beneficio personal. Además, hay diversos aspectos del trabajo de los policías propensos a la corrupción. Otros factores, sin embargo, se derivan de la naturaleza de la institución misma.

¿Qué aspectos del trabajo de la policía favorecen la corrupción?
1. La discrecionalidad. El trabajo policial involucra una cantidad extraordinaria de discrecionalidad y la oportunidad de actuar con base en el juicio propio. Debido a que los policías pueden ejercer sus propios juicios, es más fácil que tomen decisiones para su beneficio personal.
2. Poca visibilidad. Una buena parte de la labor policial se lleva a cabo lejos de la vista de los comandantes y los ciudadanos. Por ello, los policías pueden llevar a cabo actos de corrupción sin que otros lo sepan.
3. Cultura de la corrupción en la Policía. La tolerancia para las excepciones al estado de derecho tiende a aumentar a medida que la exposición a actos de corrupción se incrementa. En las instituciones donde la Policía está viciada por la corrupción, algunos policías se acostumbran tanto a que esta quede impune que piensan: “¿Por qué yo no participo, si todo mundo lo hace?” Peor aún, la cultura de la Policía tiene una reputación de protegerse a sí misma. Por lo general, los policías están reacios a delatar a sus compañeros por malas conductas, sobre todo si se trata de sus comandantes.
4. Una mala dirección. Sin importar su rango, cada policía es sujeto a presiones para involucrarse en actividades corruptas. Algunos comandantes pueden incluso promover que sus subordinados participen en actos de corrupción para apoyar sus actividades ilícitas. Este comportamiento les sugiere a los subordinados que el comportamiento ilegal se tolera, se pasa por alto o incluso se fomenta.
5. El crimen organizado. El crimen organizado necesita de la corrupción de la Policía para operar. Las agrupaciones necesitan que los policías se hagan de la vista gorda, les den protección e incluso detengan a grupos rivales. Por ello, los integrantes del crimen organizado constantemente están en busca de policías corruptos.
6. Los salarios no muy altos. Muchos policías ganan un salario bajo que a veces parece insuficiente para mantener a una familia. Por esta razón, algunos policías buscan los sobornos como un medio para complementar su salario. En algunas instituciones, los jefes activamente promueven que se complementen los salarios mediante sobornos.
7. Presión de familiares, esposas y compañeros. Muchas veces sus familiares obligan a los policías a tratar de obtener un estatus social a corto plazo, sin importar las consecuencias que esto pueda tener. Esto se manifiesta en exigencias, por ejemplo, de joyas, casa lujosa, vehículos y prendas de vestir de marca.

Tipos de corrupción de la Policía
Las tres principales formas en las que se presenta la corrupción son: mala conducta, incumplimiento de la función pública y desempeño inadecuado de la función pública. Todas ellas incluyen un abuso de autoridad para el beneficio propio.

  • Mala conducta: quebrantar la Ley o las regulaciones. La mala conducta ocurre cuando los policías cometen actos ilegales durante el desempeño de su deber. Por ejemplo, un policía podría proteger un cargamento de drogas a cambio de dinero.
  • Incumplimiento: no llevar a cabo el deber. El incumplimiento ocurre cuando se falla en realizar los deberes requeridos. Por ejemplo, un delincuente podría sobornar a un policía para que se “haga de la vista gorda” mientras se comete un crimen. Además, se considera un incumplimiento cuando no se atiende la denuncia de un ciudadano sobre alguna actividad ilegal en un negocio. Esta falta podría producirse porque el negocio pagó para contar con la protección de la Policía o porque el ciudadano no pagó una investigación. El incumplimiento difiere de la mala conducta porque el trasgresor falla en actuar de la manera correcta, en lugar de hacer algo ilegal de manera activa.
  • Desempeño inadecuado: hacer algo mal o lentamente a propósito. El desempeño inadecuado es la realización indebida de los actos policiales que un individuo tiene a su cargo. Por ejemplo, cuando un policía “pierde” el archivo de un caso porque lo han sobornado para hacerlo.

El costo de la corrupción
No solamente el aceptar o solicitar dinero, un soborno, regalo, o cualquier otro bien hace que la persona arriesgue ser despedido de la policía, el no reportar a colegas también es considerada una falta que pudiese ocasionar que usted sea retirado de la policía. Es más, un superior que pida cualquier acto u omisión de parte de aquellos que están bajo su mando también puede ser despedido. Además, la entrega de dinero, soborno, regalo, o beneficio a un superior es causa para ser despedido. A pesar de que el temor de ser atrapado puede ser un incentivo importante para no participar en la corrupción, se debe de alentar a pensar en el nivel más alto del razonamiento legal. Idealmente, los policías deberán evitar la corrupción porque están convencidos de que a la larga estarán mejor en una institución profesional a la que no se le puede “comprar”. Además, deberán de estar dispuestos a condenar conductas corruptas en los demás, para contribuir con una institución más profesional.

De hecho, a largo plazo, la corrupción daña al policía de manera individual, a la institución de policía y a la sociedad en su conjunto. En primer lugar, el policía que se involucra en actos de corrupción, corre el riesgo de arruinar su carrera, pasar un tiempo en la cárcel y enfrentar la condena pública. Además, las pequeñas excepciones al estado de derecho pueden conducir a colaborar con personas sumamente peligrosas. En segundo lugar, la corrupción de la Policía daña su imagen. Cuando la Policía comienza a viciarse con la corrupción, la institución pierde su legitimidad y su capacidad para operar. Imagine si cualquier persona en el sistema de justicia faltara a su deber a cambio de dinero. Ahora, imagine que un policía intenta arrestar a un miembro de un cártel a quien se le encuentran grandes provisiones de drogas y armas. El supuesto criminal amenaza con que si es arrestado, la vida del policía estará en peligro. Si el policía está seguro de que el sistema de justicia procesará al traficante y lo protegerá a él, entonces puede llevar a cabo el arresto sin temor. Pero si sabe que otras personas responsables de la aplicación de la Ley están dispuestas a faltar a su deber a cambio de un beneficio, el policía tiene buenas razones para sentirse asustado.

4.4. La corrupción por una causa noble.

Ocasionalmente, los policías quebrantan la Ley porque piensan que lo hacen por una buena causa. Por ejemplo, al temer que un juez no sentencie a un prisionero que ha sido acusado de un crimen terrible, un policía podría golpear al sospechoso para asegurarse de que de algún modo se haga justicia. De igual manera, los policías podrían “plantar” drogas a una persona que saben que es un vendedor de drogas pero que no tienen evidencias para acusarlo. Los policías incluso podrían culpar a un sospechoso de un delito que saben que no cometió, simplemente porque en ocasiones anteriores fue puesto en libertad cuando era culpable.

Todos estos son ejemplos de graves violaciones al estado de derecho, que se conocen comúnmente como corrupción por una causa noble. La corrupción por una causa noble es un abuso de autoridad que es percibido como justificable por el policía trasgresor, quien no recibe ningún beneficio personal por su acción. Por lo tanto, difiere de la corrupción en cuanto que el policía trasgresor no se beneficia personalmente. Existen muchos ejemplos de corrupción por una causa noble, pero todos se basan en la premisa de que los fines justifican los medios. Si un policía piensa que el resultado final es justo y correcto (encarcelar a un delincuente o castigar a un criminal), estará dispuesto a justificar cualquier medio que sea necesario para alcanzar su meta.

A pesar de sus supuestas buenas intenciones, la corrupción por una causa noble destruye el estado de derecho. Como los policías están facultados para mantener el estado de derecho, quebrantar la Ley conscientemente por cualquier razón es una violación a su deber. Los policías que falsifican evidencias con tal de culpar a un supuesto delincuente muestran una falta de respeto a la Ley y a los derechos de los ciudadanos, a quienes han prometido proteger. La culpabilidad ante la Ley requiere de evidencia. Si un policía no puede probar que alguien ha cometido un delito, se arriesga a encarcelar a personas que no han cometido ningún delito. Además, el policía corre el riesgo de dejar libre al verdadero culpable.

Al igual que otras violaciones al estado de derecho, con frecuencia la corrupción por una causa noble comienza a salirse de control. Una vez que la Ley se hace a un lado para alcanzar fines “nobles”, pronto resulta muy confuso distinguir qué leyes se pueden ignorar y qué fines se pueden considerar como “nobles”. En Argentina, de mediados de la década de los setenta a mediados de los ochenta, el gobierno autorizó a la Policía a utilizar tácticas severas, como el secuestro y el asesinato, para combatir lo que consideraba una conspiración comunista. Cerca de 11,000 argentinos, muchos de los cuales no hicieron más que expresar sus creencias políticas, fueron asesinados. Uno de los resultados más comunes del razonamiento de una causa noble es cuando en el cumplimiento de la Ley median prejuicios. Por ejemplo, si un policía considera que es más factible que los emigrantes de una ciudad del sur del país se involucren en actividades delictivas y permite que estas creencias tengan repercusiones en su conducta, es probable que infrinja los derechos de los recién llegados a la ciudad de forma injustificada.

En resumen, la corrupción por una causa noble: es una violación a la Ley; viola los derechos tanto de las personas inocentes como de los acusados; puede escalar hasta salirse de control y conduce a un cumplimiento de la Ley prejuiciado y sesgado. Los policías representan y deben mantener la Ley. En una sociedad con un estado de derecho, los policías nunca deben considerase por encima de la Ley. Los policías que se involucran en la corrupción por una causa noble no pueden ser “muy buenos policías”. De hecho, un comportamiento de esa naturaleza no es distinto al de los criminales. Si bien es tentador para los policías honestos pensar que los fines justifican los medios, la corrupción por una causa noble socava el estado de derecho y destruye la cultura de la legalidad dentro una comunidad policial.

4.5. El abuso de la fuerza.

El uso excesivo de la fuerza es un abuso de autoridad especialmente peligroso para el estado de derecho y para las personas que la Policía debe proteger. El uso excesivo de la fuerza se refiere a una aplicación de fuerza que no es proporcional a la amenaza. Evidentemente, una fuerza excesiva sería que un policía responda a un empujón con un disparo. Sin embargo, determinar qué cantidad de fuerza es razonable, no siempre resulta fácil. Los policías confrontan muchas situaciones peligrosas. Los policías podrían verse involucrados en una situación de violencia doméstica, donde alguien está armado y actúa violentamente. Tal vez tengan que arrestar a un sospechoso con un arma o al miembro de una pandilla que lanza amenazas. Debido a estos peligros, los policías portan un arma. Sin embargo, los policías deben obedecer estrictas reglas sobre qué cantidad de fuerza es razonable y necesaria. Determinar la cantidad de fuerza es una decisión difícil, que a menudo tiene consecuencias de vida o muerte. Las reglas del uso de la fuerza existen para ayudar a los policías a tomar decisiones adecuadas y consistentes acerca de la cantidad de fuerza a utilizar. Sin embargo, la mayor parte del tiempo los policías deben saber aplicar su criterio para determinar la peligrosidad de la situación y cuánta fuerza es necesaria para tranquilizar la situación. Aunque a menudo los policías deben tomar decisiones en fracciones de segundo, siempre deben tener en cuenta que sus decisiones tendrán consecuencias significativas en otras personas.
Un error común que con frecuencia cometen los policías es usar la fuerza en una situación que ya está bajo control. En medio de un arresto o después de perseguir y atrapar a un sospechoso, los policías tienen una gran cantidad de adrenalina. El enojo, el miedo y la conmoción pueden hacer que un policía quiera desquitarse con el detenido. Estas emociones son naturales. Sin embargo, el uso excesivo de la fuerza es ilegal, aun en contra de un sospechoso que ha sido detenido. Los ciudadanos ponen en manos de la Policía una gran responsabilidad al darles el derecho de usar la fuerza sobre los individuos. Esta responsabilidad no debe tomarse a la ligera ni abusar de ella. El uso excesivo de la fuerza puede causar daños graves e incluso la muerte. Si son encontrados culpables, los policías pueden enfrentar serias repercusiones por abuso de la fuerza, a pesar de que no hayan herido a alguien gravemente. Además, el abuso de la fuerza, al igual que otras violaciones de la Policía al estado de derecho, perjudica la legitimidad de la Institución y daña la eficiencia de los policías. Como se ha señalado en esta asignatura, si los ciudadanos tienen miedo de los policías no van a denunciar los delitos, cooperar con los ellos ni apoyar los esfuerzos que hagan.

En cualquier situación, los policías deben preguntarse:
• ¿Qué cantidad de fuerza es necesaria y razonable para controlar esta situación?

Otra manera de formular la misma pregunta es:
• ¿El nivel de fuerza utilizada es proporcional a la amenaza?

¿Qué factores influyen para que los policías se sienten tentados a usar la fuerza excesiva?
• Habilidades verbales e interpersonales limitadas.
• Errores.
• Mala interpretación de una situación.
• Falta de experiencia.
• Exceso de confianza.
• Falta de atención momentánea.
• Fatiga física o mental.
• Capacitación inadecuada o inapropiada.
• Prejuicio.
• Pasión (adrenalina).
• Percepción de que la Policía se encuentra por encima de la Ley.

5. La promoción de una cultura de la legalidad en la comunidad.

5.1. Fortalezas y debilidades al involucrar a la comunidad con el estado de derecho.

A lo largo de la historia, la mayoría de las sociedades ha tenido leyes; sin embargo, el hecho de que en un país existan leyes no lo convierte en una sociedad con un estado de derecho. El estado de derecho no sólo se trata de las leyes sino cómo estas se crean, se modifican y se aplican. Recuerde que el estado de derecho es un ideal en el que todos los miembros de la sociedad se encuentran gobernados por leyes establecidas en forma democrática que protegen los derechos individuales que se aplican uniformemente. En una sociedad con un estado de derecho, el gobierno y las leyes existen para asegurar el bienestar de los ciudadanos. A pesar de que con frecuencia las leyes restringen la conducta, su verdadera intención es proteger y facultar a los ciudadanos. Las leyes ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de asistir a la escuela, iniciar un negocio y realizar sus actividades sin temor. Si los ciudadanos desarrollan leyes justas y las cumplen, todos pueden mejorar su calidad de vida. Las personas pueden dedicarse a mejorar su vida, en lugar de gastar sus energías en protegerse a sí mismas por temor a convertirse en víctimas de la delincuencia. Mediante el cumplimiento de las leyes y su vigilancia, los estudiantes, como futuros policías, pueden ayudar al desarrollo de una mejor sociedad.

Al mismo tiempo, un gobierno que actúa de acuerdo con la Ley no necesariamente se sustenta en el estado de derecho. Existen muchos ejemplos de gobiernos que, aun contando con leyes bien definidas, están considerados como sociedades con un estado con derecho. En estos países, los gobiernos aceptan leyes injustas y obstaculizan la participación de ciertos grupos en el proceso legislativo. Por ejemplo, Adolfo Hitler estableció leyes que le permitían al estado la expropiación de las propiedades de grupos con los que no simpatizaba: judíos, gitanos y comunistas. Luego, aceptó más leyes que permitían el arresto y asesinato de estas comunidades. Técnicamente, la detención y persecución de estos grupos minoritarios era legal. Sin embargo, las reglas no se aplicaban de manera equitativa a todas las personas que vivían en Alemania, así como tampoco los ciudadanos que pertenecían a estos grupos fueron consultados o pudieron participar para el establecimiento de estas reglas. En la actualidad, las personas reconocen que la vida en una sociedad de ese tipo sería impredecible, insegura e indeseable.

El estado de derecho es un ideal por el que vale la pena aspirar. Representa la mejor manera conocida para regular las relaciones entre los miembros de una sociedad, el gobierno y los ciudadanos. En el mundo a diario hay una constante lucha para asegurar que los gobiernos y los ciudadanos actúen dentro de los límites de la Ley. Esta lucha busca que los derechos de los ciudadanos sean respetados y que los métodos de aplicación de la justicia sean justos y se apliquen de manera equitativa. No hay un país, que viva en un estado de derecho perfecto. Hay errores y fallas aun en países en donde el estado de derecho está bien establecido. De hecho, el estado de derecho es el sistema más prometedor que existe para mejorar la calidad de vida de todos los miembros de una sociedad.

¿Por qué tendría que cumplir la ley un gobernante?
Según Holmes, “los gobiernos terminan haciendo predecible su propia conducta por el bien de la cooperación. Los gobiernos tienden a comportarse como si estuvieran “obligados” por la ley, en lugar de usar la ley de manera impredecible como un bastón para disciplinar a la población[…] porque tienen objetivos específicos que demandan un alto nivel de cooperación voluntaria […]”. Así que el gobernante usa la ley con parsimonia para obtener la cooperación de grupos específicos dentro de la sociedad, cooperación que no tendría si no les demostrara respeto por sus intereses. Cuanto más apoyo necesite el gobernante, más grupos quedarán incluidos bajo el ala de la ley, y a cambio de su apoyo los mismos se verán beneficiados por un trato predecible por parte del gobernante.

El liberalismo y la democracia requieren la expansión del Estado de erecho hacia nuevos individuos que tengan estatus legal. De hecho, así es como evolucionó el Estado de derecho desde la Edad Media, extendiendo privilegios a distintos grupos. La Carta Magna es quizá el primer símbolo de dicho proceso de expansión de derechos jurídicos que culminó con la Declaración Internacional de Derechos en el siglo veinte y con los estatutos de derechos de las democracias constitucionales contemporáneas. La distribución de los derechos, que dan poder al pueblo es, por lo tanto, un medio clave para obtener cooperación. T.H. Marshal, en su clásico Clase, ciudadanía y desarrollo social (Class, Citizenship and Social Development, 1969), describe claramente la evolución de la ciudadanía, mediante la inclusión del pueblo bajo el ala de la ley, dentro de los países occidentales. Ha sido necesaria la lucha política para que nuevos grupos consigan un estatus jurídico mediante derechos civiles, políticos, sociales y económicos, adquiriendo distintos niveles de inclusión en el Estado de derecho, a cambio de su cooperación. Luego, aunque no podemos confundir el Estado de derecho con los derechos de los ciudadanos, es muy difícil disociar históricamente las expansiones de la ciudadanía de la extensión del Estado de derecho. Las generales de la ley y el cumplimiento imparcial de la misma, como virtudes internas de un sistema de Estado de derecho, están directamente asociadas a la noción de igualdad ante la ley conseguida por medio de la expansión de la ciudadanía.

En los regímenes democráticos contemporáneos, donde la legitimidad y la cooperación dependen de altos niveles de inclusión, los derechos tienden a estar distribuidos más generosamente. De todos modos, aún un régimen democrático no necesita cooperación de cada grupo por igual, de modo que no tiene el incentivo para tratar a todos igualitariamente bajo la ley en todo momento. Más aún, como los grupos dentro de la sociedad tienen recursos sociales, económicos y políticos desproporcionados, el costo de su cooperación también será desproporcionado, lo cual significa que la ley y su cumplimiento se modelarán según los diversos sectores de privilegios.

Ello significa que cualquier aproximación a la idea de Estado de derecho no sólo depende de la expansión de derechos expresada por escrito sino también, y quizá más críticamente, de con qué coherencia aplique el Estado dichos derechos. Y ésta es la paradoja que enfrentan varios regímenes democráticos con altos niveles de desigualdad social. Si bien en los libros se reconoce una igualdad de derechos, como medida simbólica para obtener cooperación, los gobiernos no se sienten obligados a cumplir con las obligaciones relativas a dichos derechos por igual para todos los miembros de la sociedad. Y como el costo de reclamar el cumplimiento de los derechos por medio del sistema del Estado de derecho son desproporcionadamente más grandes para algunos miembros de la sociedad que para otros, el Estado de derecho se convierte en un bien parcial, que favorece sobre todo a los que tienen poder y recursos. En otras palabras, la igualdad formal provista por el lenguaje de los derechos no significa un acceso igualitario al Estado de derecho ni un cumplimiento imparcial de las leyes y de los derechos. Por lo tanto, es posible tener derechos, pero carecer de los recursos suficientes para reclamar su aplicación. Luego, es más apropiado pensar en el Estado de derecho no en términos de existencia o no existencia sino en términos de niveles de inclusión. El proceso democrático puede expandir el Estado de derecho. Pero incluso en los regímenes democráticos, en sociedades con niveles extremos de desigualdad, donde hay gente y grupos que poseen recursos y poder desproporcionados, el Estado de derecho tiende a proteger menos a los pobres y a lograr que los poderosos respondan ante la ley.

Sin embargo, el control de poder estatal y su sometimiento a la ley no es sólo una consecuencia de cómo se distribuye el poder socialmente. En las sociedades modernas, las instituciones se crean para dar forma a la conducta, por medio de formas numerosas de incentivos. También se puede encargar a las instituciones que se controlen unas a las otras. Tal como percibió Madison: cuando se hace que la ambición restrinja la ambición, aumenta la posibilidad de mantener al gobierno bajo control. Los momentos fundacionales luego se tornan muy importantes. Cuando los poderes sociales contrapuestos no son lo suficientemente fuertes como para doblegarse unos a otros, tienden a comprometerse en la creación de estructuras políticas con poderes fragmentados. Los grupos con menos poder pueden beneficiarse del resultado de dichas luchas de élite. Ésta es la lógica básica que comunica el constitucionalismo moderno. Sin embargo, el Estado de derecho apunta a algo más que mantener al gobierno bajo control legal o constitucional. También busca orientar la conducta individual y la interacción social. Por consiguiente, también es necesario explorar por qué la gente querría cumplir con la ley. ¿Cuáles son las razones por las cuales todos aceptamos ser responsables ante la ley?

5.2. La atención a las víctimas del delito.

Los policías pueden tener la seguridad de que tendrán contacto con un grupo de personas: las víctimas del delito. A menudo, estas personas son quienes denuncian un delito y le proporcionan a los policías la información que necesitan para levantar sus informes. Los policías también pueden encontrar víctimas en la escena del crimen. Después de un delito, es probable que las víctimas sufran algún trauma. Pueden estar enojados con el delincuente o incluso con quienes tratan de ayudarlas. Es posible que estén asustadas y temerosas de realizar sus labores cotidianas. Por ejemplo, si se presenta un robo en una casa de habitación, el residente podría tener miedo de quedarse solo en su casa. Si una persona ha sido asaltada en la calle tal vez no quiera volver a caminar por esa zona, aun cuando por lo general sea segura. Las víctimas requieren la asistencia de los policías no sólo para levantar un informe sino también para sobrellevar la situación. Quizás una víctima que ha sido asaltada sólo necesite ayuda para volver a casa, o ha resultado herida y requiere atención médica.

Debido a que los policías trabajan con víctimas de delitos todos los días, puede ser difícil recordar lo emocional y traumático que resulta convertirse en una víctima. Los policías siempre están ocupados y la mayoría de las veces sólo buscan la información necesaria para levantar su informe. Los policías pueden ser impacientes con una persona que se encuentra demasiado asustada. O tal vez piensen que la víctima es una tonta por no haber tomado las precauciones adecuadas o por haber corrido un riesgo innecesario (como caminar en una calle mal iluminada y solitaria). En ocasiones, los policías consideran que no es su labor llevar a una persona al hospital o ayudarle a contactar a algún familiar para que le auxilien. Estas emociones son naturales, pero los policías no pueden ceder ante ellas.

La compasión con la que la Policía trata a las víctimas de un delito es crucial para desarrollar la confianza de la comunidad.

Un incidente que apenas dura unos cuantos minutos podría afectar de manera importante a una persona durante años. Los policías pueden desestimar el poder y la influencia que tienen al encontrarse con una víctima. La naturaleza de la respuesta de un policía puede tanto ayudar a la víctima a salir adelante con su situación como agravar los sentimientos del trauma. Un encuentro positivo ayudará a fomentar el respeto y la confianza de los policías. Un encuentro negativo tendrá como resultado la desconfianza y un antagonismo en el futuro. “Siempre se debe actuar con profesionalismo basado en la ética al atender un caso con una víctima del delito. El policial juega un papel muy importante, ya que nos encontramos en un momento de verdad, el cual se debe aprovechar para fortalecer la confianza del ciudadano hacia la Policía.”

¿Por qué es importante atender a las víctimas del delito?
1. Podrían colaborar con la Policía en el futuro. Es más probable que las víctimas del delito que reciben un trato compasivo colaboren con los policías en el futuro. Ellas conocen los problemas de la delincuencia de primera mano y pueden ayudar a los policías como informantes, testigos y líderes de la comunidad.
2. Aumenta las probabilidades de que denuncien un delito en el futuro. Si un policía trata a una víctima de manera brusca o con faltas de respeto, es probable que la víctima piense: “No sólo yo me convertí en una víctima de un delincuente, también estoy siendo víctima de la Policía”. Aun cuando un delito se resuelva eventualmente, las víctimas no recurrirán a la institución policial la próxima vez que tenga que reportar un crimen. Sin embargo, si las víctimas son tratadas con dignidad y respeto, recordarán que su experiencia con la Policía fue positiva, incluso si el delito no se resuelve. Por ello, será más factible que recurran a la institución policial la próxima vez que tengan que denunciar un delito.
3. Producirá opiniones positivas en la comunidad, lo que ayudará a la movilización de la comunidad. Tratar a una persona traumatizada con compasión es una buena forma de mostrar preocupación a la comunidad. Las personas recuerdan a aquellos que les ayudan o no en momentos particularmente difíciles en sus vidas. Si los policías están ahí para los miembros de la comunidad que los necesiten, las opiniones positivas tendrán un efecto de onda en la comunidad. Las víctimas del delito a menudo hacen un recuento de lo que les sucedió. En sus historias, podrá hablar de “un buen policía que fue muy amable y atento” o, bien, “ese policía que me trató como si yo fuera el problema”. Las historias positivas harán que la comunidad esté más dispuesta para ayudar y apoyar a los policías.
4. Es un deber de la Policía. Los policías deben servir y proteger los derechos de los ciudadanos. Un delincuente viola los derechos de las víctimas del delito. Al preocuparse por ellas, los policías ayudan a servirles. Además, la Constitución cuenta con artículos que protegen los derechos de las víctimas. Como unos de los primeros funcionarios del gobierno con quien interactúan las víctimas después de un delito, los policías deben respetar los derechos de estas víctimas a tener acceso a los servicios correspondientes.

No basta con atender un delito. La manera en que los policías respondan es vital para ayudar a las víctimas a recuperarse de un evento traumático y moldear sus opiniones sobre la aplicación de la Ley.

¿De qué maneras se puede demostrar compasión a las víctimas del delito?
1. No las apresure. Los policías deben permitir que las víctimas se tomen su tiempo para contar su historia. Deben permitir que la víctima relate su historia a su modo. En caso de que sea necesario obtener mayores datos, los policías pueden pedir más detalles una vez que haya terminado.
2. No juzgue. A menudo, las víctimas recuerdan el delito y piensan en lo que pudieron o debieron hacer de manera diferente. Pensarán que nunca debieron tomar esa calle o culparse a sí mismos por no haber cerrado la puerta con llave. Por lo tanto, pueden estar más sensibles a juicios semejantes por parte de los demás. Pero el delito nunca es culpa de la víctima. Los ciudadanos deben ser capaces de caminar, vestir y hacer lo que les plazca sin temor a ser atacados. Los policías deben ser cuidadosos de no sugerir que ellos están juzgando a las víctimas o culpándolas por el crimen que están reportando. Como los policías deben proporcionar consejos para el futuro, deben hacer sentir a las víctimas que los policías están de su lado y que el único culpable es el delincuente.
3. No minimice el dolor o la desesperación. Los policías pueden creer que una víctima está exagerando o tal vez ellos quieran hacer sentir mejor a una víctima asegurándole que las cosas no están tan mal. Pero minimizar el dolor no lo hace desaparecer. Al contrario, si el delito acaba de ocurrir, los policías deben asegurarles a las víctimas que ahora se encuentran a salvo o que el asalto ha terminado. Hacerles saber que ya no se encuentran en peligro, además de ayudarlos a tranquilizarse.
4. Pregunte si usted puede ayudar de inmediato. ¿Las víctimas necesitan ser trasladadas a un hospital? ¿Se sentirían mejor si se le llama a un amigo o familiar para que las ayude? Si las han asaltado, ¿pueden irse solas a su casa? Si están denunciando un delito que ya ha ocurrido antes, los policías pueden ofrecer ayuda para tomar precauciones de seguridad en el futuro. Por ejemplo, los policías pueden proporcionar información sobre clases de defensa personal o sobre un cerrajero para que cambie las cerraduras de las puertas. Encontrar alternativas para ayudar a las víctimas con sus necesidades prácticas e inmediatas podría requerir sólo de una llamada telefónica o de buscar un número en una agenda. Posiblemente las víctimas no consideren que haya cuestiones prácticas que pueden hacer para protegerse una vez que ha ocurrido un delito, pero proporcionarles este tipo de información ayuda a que se sientan con mayor control. Auxiliar a las víctimas de manera práctica puede tomar poco tiempo, causar un impacto duradero y hacerlas sentir mucho mejor.
5. Verifique posteriormente. Los policías deben considerar llamar a la víctima al día o semana siguiente, para saber cómo se está sintiendo. Esto demuestra que la policía se preocupa por su seguridad.

5.3. Programas de participación ciudadana.

En términos generales, la participación ciudadana, es la actuación de los ciudadanos en las actividades públicas, en tanto portadores de intereses sociales y, en algunos casos, ha sido entendida como un recurso diseñado por el gobierno para promover acciones de y en las comunidades y, de esta forma, descargar algunas tareas y responsabilidades que le competen (transferencias de competencias), lo que teóricamente reduce el gasto público y área de competencia. En otros casos, la participación ciudadana tiene su origen en el seno de la sociedad civil y está orientada a sustituir la acción del Estado, o bien, a combatir su inacción, incompetencia o ineficiencia en la resolución de problemas que afectan de manera directa o indirecta a las comunidades. Según Mauricio Merino la participación ciudadana como un hecho social significa: “intervenir en los centros de gobiernos de una colectividad, participar en sus decisiones de la vida colectiva, de la administración de sus recursos, del modo como se distribuyen sus costos y beneficios’’.

Las anteriores definiciones hacen la diferencia de dos formas de participación ciudadana: una que posibilita intervenir en la toma de decisiones, la otra enfatiza en la toma de posición del individuo, independientemente de su poder de intervenir en las decisiones públicas. En todo caso la participación ciudadana es siempre, un acto social colectivo y contempla dos elementos complementarios que son: la influencia de la sociedad sobre el individuo, pero sobre todo, la voluntad personal de influir en la sociedad.

El debate sobre la participación ciudadana en el ejercicio y el control del gobierno constituye un terreno complejo y políticamente confuso hoy día. Todos los actores políticos y sociales aceptan y reclaman la necesidad de la participación. De una parte, esto significa que el concepto mismo es polisémico, que cada actor le otorga significaciones diferentes. De otra, esta curiosa coincidencia nos indica que el concepto de participación ha sido apropiado por los dos principales proyectos políticos que se disputan hoy la hegemonía política e ideológica en América Latina. En efecto, el proyecto neoliberal habla de la participación ciudadana, necesita de la participación, concibiéndola como un instrumento o mecanismo que permite la eficientización de la acción del gobierno, es decir, la mejora administrativa y procesual de la política pública, o bien como un instrumento que permite la terciarización de la política social, o sea la ejecución de la misma por entes privados, y, ultimadamente, la desresponzabilización del estado en relación a los derechos de ciudadanía, en especial los derechos sociales.
El discurso de la participación puede leerse desde esta concepción neoliberal que ha ganado terreno en los últimos años gracias a algunas de las políticas públicas fomentadas por el Banco Mundial y al avance del discurso contemporáneo del tercer sector, el voluntariado y la responsabilidad social de las empresas. Desde otro proyecto político, la participación es vista como una forma nueva de concebir la política misma, como el eje de una práctica de la política que permite a los ciudadanos intervenir en los asuntos de interés colectivo a través de la creación de espacios públicos donde no sólo se debaten sino que se deciden y vigilan las políticas y acciones de los diferentes niveles de gobierno. Esta vertiente de la participación resume numerosos experimentos sociales en varias partes del mundo y se inspira en desarrollos recientes de la teoría democrática, ante todo las teorías de la sociedad civil, del espacio público, la democracia deliberativa y la propia democracia participativa.
En México la limitada experiencia nacional en esta materia ha conducido a que se confunda la noción de participación ciudadana con las formas de democracia directa: referéndum, plebiscito, iniciativa popular, consulta pública. Indudablemente las formas de la democracia directa abren un espacio político a la expresión de las preferencias de la ciudadanía, pero todas ellas tienen un carácter excepcional, es decir, sólo pueden ser utilizadas en condiciones políticas muy específicas, de tal forma que rara vez pueden ser empleadas realmente. Más aun, no dejan de ser ambivalentes en la medida que puedan ser utilizadas para fines de legitimación que gobiernos autoritarios o de líderes personalistas. Por tanto, equiparar la participación ciudadana con la democracia directa es un error conceptual que limita el horizonte político de la democracia.

5.4. La canalización del ciudadano.

Anteriormente se presentó el papel que tienen los policías en la atención a una serie de problemas y desórdenes diversos en la comunidad. Los ciudadanos podrían externar su preocupación por los niños de la calle, los autos que transitan a exceso de velocidad, los graffiti o las fiestas a altas horas de la noche en el vecindario. Los miembros de la comunidad pretenden que la Policía resuelva estos problemas. Así como muchos de estos problemas requieren una solución inmediata, otros son problemas crónicos a largo plazo.

Por desgracia, los policías tienen demasiadas responsabilidades como para resolver todos los problemas de desorden y seguridad a largo plazo ante los que se enfrentan. Sin embargo, ellos no necesariamente tienen que hacerlo. Las asociaciones (organizaciones sin fines de lucro) y algunas dependencias gubernamentales proporcionan una serie de servicios que atienden muchos de los factores subyacentes que causan los delitos y el desorden. Basta con contactar a los individuos con las dependencias y organizaciones de servicio social para que los policías puedan asegurarse de que los problemas a largo plazo sean atendidos, sin descuidar otras responsabilidades.

Las asociaciones civiles y las dependencias gubernamentales ofrecen diversos servicios, como:
• Programas para la rehabilitación de alcohólicos y drogadictos.
• Programas para después de clases.
• Programas tutelares para jóvenes.
• Albergues para mujeres maltratadas.
• Hogares para niños de la calle.
• Albergues para inmigrantes.
• Servicios de orientación.
• Programas de trabajos públicos para el retiro de basura pesada, el arreglo de la iluminación en las vías públicas o la colocación de topes.

6. Dirigiendo el cambio hacia una cultura de la legalidad.
6.1. Introducción a la solución de problemas.
6.2. El trabajo en equipo: trascender la responsabilidad individual.
6.3. Implementar un cambio y conseguir la aceptación de la comunidad.
6.4. Presentación de las soluciones a los problemas.

FUENTES DE CONSULTA

  • Deloya, G. (2007) El Estado de Derecho en México. Universidad de Texas: Porrúa.
  • Foucault, M. (1988) Vigilar y Castigar. Ed. Siglo XXI: México.
  • Laveaga, G. (2008) La Cultura de la Legalidad, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México: UNAM.
  • Salazar, P. (2006) Democracia y Cultura de la Legalidad. Instituto Federal Electoral, México.
  • Suárez, M. (2007) Los Policías: una averiguación antropológica. México: ITESO.
  • http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/301/cultura%20nacional.htm
  • https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Am%C3%A9rica_Latina

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